Chimbote en Línea (Anticorrupción).- No le duró mucho tiempo la jugada. El dos de abril del 2013, la Fiscalía Anticorrupción del Santa abrió investigación contra el presidente de la región Áncash, César Álvarez Aguilar, y a otras cinco personas que trabajaban para él. Se le atribuía relación con un centro de espionaje conocido como "La Centralita", dedicado al seguimiento de autoridades, opositores y periodistas críticos de la administración regional de Álvarez.

Muy poco después, el 10 de junio de ese mismo año, un juez de Áncash concedió a César Álvarez y a los otros cinco investigados un hábeas corpus con el que se libraron rápidamente del caso.

Álvarez, en lugar de aclarar ante las autoridades su participación en los hechos, prefirió el expediente del hábeas corpus ante autoridades judiciales benevolentes, por decir lo menos.

La Fiscalía Anticorrupción  local, sin embargo, acaba de conseguir que el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Richard Concepción Carhuancho, resuelva a favor de ampliar –virtualmente reiniciar– la indagación a Álvarez, a su asesor personal Jorge Burgos Guanilo y a cuatro periodistas que, según ex trabajadores del gobierno regional de Áncash, laboraban a órdenes de este en "La Centralita".

El magistrado ha otorgado un plazo de 5 meses y 28 días para dedicarse de lleno a la investigación.

Richard Concepción aprobó que hasta el seis de noviembre de este año el fiscal provincial anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, investigue a los acusados por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

Con el hábeas corpus que presentó el año pasado, César Álvarez logró zafarse de una investigación por presunto peculado. Al momento de sustentar el caso, el fiscal anticorrupción Laureano Añanca argumentó que a Álvarez nunca le interesó cooperar con las autoridades.

TIENEN QUE RESPONDER

“La conducta obstruccionista de César Álvarez logró truncar por un tiempo la investigación”, dijo el fiscal anticorrupción Laureano Añanca: “Todo se paralizó justo cuando necesitábamos recabar los testimonios del jefe de seguridad de César Álvarez, el ex policía Luis Del Carmen Ramos, y del ex trabajador de ‘La Centralita’ César Minchola Chumioque, así como las declaraciones de los cuatro periodistas imputados”.

El último 23 de abril, la Procuraduría Pública Nacional en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción del Santa en el que solicitaba la ampliación de la investigación preparatoria por el caso “La Centralita”, y pidió incluir a una docena de personas presuntamente relacionadas con el caso.

En el pedido se encontraban anotados los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo, considerados los “escuderos” de César Álvarez; el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; el empresario periodístico Martín Belaunde Lossio; el ex presidente de la Junta de Fiscales del Santa Hugo Farro Trujillo; y el abogado Rodolfo Orellana Rengifo.

El juez Richard Concepción Carhuancho respondió a la Procuraduría que será el Ministerio Público el que determinará la incorporación o no de nuevos investigados por el caso “La Centralita”.

Al conocer el mandato del juez de reiniciar la investigación al presidente regional César Álvarez Aguilar, su abogada Sikara Vásquez Shimabukuro anunció que apelaría la resolución.
La decisión del magistrado Richard Concepción supone un duro golpe para César Álvarez y los otros acusados, que niegan la existencia del centro de espionaje conocido como “La Centralita”.

Precisamente, la semana que pasó un ex trabajador de dicho establecimiento declaró ante fiscales y procuradores de Lima cómo es que el asesor de César Álvarez, Jorge Burgos Guanilo, le entregaba grabaciones de interceptaciones de comunicaciones telefónicas de opositores al gobierno regional para transcribirlas.

El testigo también informó que él y varios de sus compañeros primero eran reclutados como trabajadores del gobierno regional de Áncash y luego los derivaron a “La Centralita” para empeñarse en actividades ilícitas.

UN CASO CON MÁS EVIDENCIAS Y MÁS SOSPECHOSOS
La Procuraduría Nacional Anticorrupción también requirió que se ampliara la investigación por presunta interceptación telefónica contra César Álvarez y Rodolfo Orellana, pero el juez Richard Concepción argumentó que esta decisión correspondía al Ministerio Público.

Durante la sustentación de la investigación a los implicados en “La Centralita”, el procurador anticorrupción del Santa, Leobaldo Lavado Rosales, manifestó que correspondía la ampliación porque se trataba de “un caso complejo, no solo por el número de investigados, sino también por la acumulación de evidencias sobre la existencia de los hechos”.

“Además, se ha identificado a personas que por su participación deben ser incorporadas en el proceso investigativo”, dijo Lavado.

Ante la decisión del juez Richard Concepción de ampliar el plazo investigativo, el procurador Leobaldo Lavado comentó: “La resolución es importante porque ahora se va a continuar con la investigación preparatoria con más elementos, más  convicción y un número determinado de investigados.  Ahora se retoma el proceso y seguirá en curso, algo que la defensa de la otra parte no deseaba”.
Por: María Elena Hidalgo
Chimbote. Enviada Especial – La República