Chimbote en Línea.- La Ley de Flagrancia, por la cual se procede con celeridad en delitos probados de manera indiscutible fue promulgada en el 2004 pero hasta el año pasado no se aplicaba. A partir del 29 de noviembre de 2015, mediante DL 1194, emitido por el Poder Ejecutivo, se puso en vigor. Desde su entrada en vigencia se logró aplicar dicha medida a más de 2000 casos. Si bien con esta disposición se pretende agilizar las sentencias contra personas que hayan sido encontradas infraganti, cometiendo delitos, constituye también un arma de doble filo en nuestro sistema de justicia penal.

El problema radica en que esta medida debería administrarse para delitos graves, que realmente lo requieran pero hasta el momento ha sido aplicada en casos como desacato a la autoridad y agresiones por parte de civiles a la policía, con lo cual se ha hecho un circo a través de los medios de comunicación. Esta no debería ser la utilidad de la Ley de Flagrancia, puesto que solo deja entrever el populismo penal y la falta de criterio en materia de defensa y seguridad que mantenemos.

Durante el último mes el país ha sido testigo de la repercusión mediática de un caso de agresión a un policía y este ha sido el detonante para la proliferación de más casos similares. La pena impuesta a los agresores ha sido mayor a seis años de prisión efectiva, equivalente a una pena por homicidio simple, lo que ha generado un debate en torno a lo desproporcionado de las sentencias. Y es que, efectivamente, estas penas parecen desproporcionadas si se las contrasta con otras, aplicadas a delitos como robos, secuestros o incluso homicidios.

Esto ha pasado porque, en un afán por terminar con la delincuencia, nuestros legisladores no encontraron mejor solución que incrementar las penas sin tener en cuenta que por la ineficiencia del Poder Judicial y la demora en los procesos, estas difícilmente se llevaban adelante. Pero ahora que se han empezado a aplicar en casos de flagrancia constituyen un absurdo. Por tal motivo, la Corte Suprema se encuentra ahora elaborando una propuesta de ley que posteriormente presentará al Congreso de la República, con la que se pretende adecuar las penas por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Es necesario que se realice tal modificación ya que si se continúa aplicando la medida de manera indiscriminada, sin un protocolo que contenga penas proporcionadas, lo único que se logrará es poblar aún más las cárceles del país. Este es el efecto también de aumentar las condenas sin tener en cuenta las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios. Actualmente, tenemos más de 71 mil reos y 40 mil de ellos carecen de espacio en prisión. Es decir, el lugar que ocupa un reo debe ser compartido con 2.5 presidiarios, en promedio. La situación se ha tornado insostenible en penales como Lurigancho (Lima), el de Jaén (Cajamarca) o Tacna.

Así, la mala aplicación de Ley de Flagrancia aumentará la inflación carcelaria y no por ello disminuirá la cantidad de delitos. Como se aprecia, las penas duras no están sirviendo como medio disuasivo para frenar la criminalidad dado que no se están aplicando a los delitos en sus formas agravadas. La ineficiencia del sistema judicial-policial se pone de manifiesto cuando se lleva esta ley a casos menores y se deja de lado la lucha contra el crimen organizado, el verdadero sentido de la misma.

Sin embargo, con una correcta implementación de la normativa, a través de penas justas y un sistema policial equipado para actuar en caso de delitos graves, que contenga protocolos claros sin caer en el abuso de autoridad, la Ley de Flagrancia podría traer resultados positivos. Habría que exigir al Legislativo la revisión de la misma. De lo contrario, constituiría únicamente una manera de distraer a la ciudadanía que reclama a diario mayor seguridad en las calles. Queda pendiente, además, la labor de prevención del delito y la mejora del sistema penitenciario. Solo así, tratando el problema de la inseguridad de manera amplia, tomando en cuenta todos los agentes que intervienen y sin caer solo en el endurecimiento del sistema punitivo, se pondrá freno a esta situación.

Fuente: Otramnirada