Chimbote en Línea.- Roger Reyes García, abogado de la suspendida alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Espinoza García dijo que albergan con expectativas el próximo 6 de julio, fecha en que se desarrollará la audiencia única de vista la causa de la casación que interpusieron tras ser condenada, junto a su exconviviente Wilmer Agapito a 7 años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito.

“En ese proceso judicial hubo muchos contradichos y vacíos, con la aceptación de la casación hemos dado un tremendo paso. Tenemos la expectativa y la probabilidad de que la sentencia dictada va declararse nula, mejor dicho por sí misma va caer”, expresó.

 El letrado dijo que en todo el proceso judicial contra su patrocinada hubo contradichos y vacíos como las 11 pruebas indiciarias que presentó el Ministerio Público del Santa, uno de ellos la “especie” de partida de matrimonio que nunca se dio a conocer en el juicio oral “y menos fue sometida al contradictorio; sin embargo el juez David Aguilar, sentenció con esto. Para nosotros no cumplía con los requisitos legitimadores, pero aun así la Sala de Apelaciones lo ratificó”, sostuvo.

Recordó que para ese día se hará presente a la audiencia programada para las 8 y 30 de la mañana, junto al abogado Juan Cruz Rossel quien defiende a la expareja de su patrocinada. Dijo que será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia presidida por Javier Villa Stein quien escuche los argumentos referido al pedido de la defensa legal de los sentenciados. Lo mismo hará el representante del Ministerio Público y de la Procuraduría Anticorrupción de Lima.

“De acuerdo al trámite, se debatirá ese mismo día y luego se dejaría al voto para la posterior publicación de la decisión que adopten”, apuntó.

Como es público, el titular del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, David Aguilar Ponce, condenó a Victoria Espinoza y Wilmer Agapito a 7 años de cárcel.  La Sala Penal de Apelaciones ratificó en segunda instancia y se ordenó la captura de ambas personas, quienes hasta hoy se encuentran prófugas de la justicia.

Por este delito la exautoridad edilicia quedó inhabilitada para ejercer cargo público por tres años y deberá pagar una reparación civil solidaria de un millón 28 mil soles. En esta última oportunidad si el fallo le es favorable podrá salir de donde se encuentra y quedará limpia de la acusación que señala haber utilizado a su entorno familiar para ocultar dinero de  forma ilícita.

(Por: Milton Palpa)