Chimbote en Línea.- Una vez más se suspendió la audiencia de inicio de juicio oral que se sigue por el caso conocido como Nehalem y que involucra al alcalde provincial del Santa, Julio Cortez Rojas y la prófuga exalcaldesa, Victoria Espinoza García, a quienes se les acusa de la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.

Para esta tarde se había previsto la diligencia; sin embargo el abogado Augusto Cruz Rossel que patrocina a los funcionarios edilicios Javier Menacho Méndez, Micaela Flores Gómez y Aquior Urbano Mendoza no se apersonó, pero presentó un escrito a la jueza Patricia Peralta que ventila este proceso, aduciendo tener dos días de descanso médico por un problema lumbar.

Ante el pedido, el fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe exhortó a la titular del Primer Juzgado Unipersonal Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa, que se verifique y se determine la veracidad del pedido y que disponga de acuerdo a ley. La audiencia suspendida por cuarta vez, tuvo que ser reprogramada para el 18 de julio a las 3 de la tarde.

Vale precisar que a Cortez y a Espinoza García se les procesa, junto a tres funcionarios ediles por el delito de colusión en agravio del Estado. Esto luego de favorecer al consorcio Nehalem en la licitación de la obra de agua potable y alcantarillado del sector III de Chimbote durante el periodo de gestión 2007-2010. El proceso también alcanza al empresario Oscar Randy Robles Camarena quien estuvo a cargo de la ejecución de la obra valorizada en 13 millones 864 mil soles.

Para el Ministerio Público, los acusados se coludieron para direccionar las bases en el proceso de buena pro y otorgar la licitación al citado consorcio, haciendo uso inclusive de dos cartas fianzas que resultaron ser falsas. Por ese motivo pidió 5 años de cárcel para todos, excepto para Aquior Mendoza, para quien solo pidió 3 años debido a que supera los 65 años de edad. La Procuraduría ha requerido 200 mil soles de reparación civil en este caso.

A su salida el fiscal Laureano Añanca calificó como una acción dilatoria que se continúe reprogramando la audiencia. No descartó en solicitar que este caso considerado como emblemático, pase a manos del Juzgado Anticorrupción que se instalará a inicios del próximo mes en esta sede judicial.

(Por: Milton Palpa)