Chimbote en Línea.- El proceso judicial que se ventila contra el encarcelado expresidente, Cesar Álvarez Aguilar y un grupo de exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash por la presunta comisión del delito de colusión volvió a ser reprogramado, esta vez a pedido de la Procuraduría Anticorrupción que solicitó que se incluya como actor civil a la Contraloría General de la República.

Así lo dispuso el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa Eudosio Escalante Arroyo, tras escuchar el pedido que fue presentado desde el pasado mes de enero y a fin de evitar nulidades posteriores del proceso judicial. En ese sentido el magistrado dispuso que el especialista de causa cumpla con señalar fecha para la audiencia de constitución de actor civil.

Durante la audiencia de control de acusación  que se desarrolló esta mañana por el caso denominado “Red Vial Pallasca”, dos de los abogados de los 17 procesados pidieron la nulidad de cosa juzgada, pues al parecer habrían sido absueltos en este proceso en un Juzgado de la ciudad de Huaraz. Esto fue rechazado por el fiscal Robert Rojas Ascón, quien precisó que la acusación corresponde a otros hechos.

Este proceso judicial obedece a una investigación por el servicio de mantenimiento de la carretera (Quiroz – Sacaicacha – Pallasca – Pampas y Conchucos), en la provincia de Pallasca, donde se habría malgastó más de 73 millones de soles del presupuesto para la obra, cuando Álvarez Aguilar asumía la titularidad de la región (2009-2013).

Dijo que fue el extitular de Áncash quien solicitó al consejo regional la aprobación de esta partida teniendo en cuenta que no estaba dentro del presupuesto del Plan Anual de Contrataciones. “El solicitó que se apruebe esta partida, a pesar que no estaba presupuestada también pidió que se firme convenio con el OEI para evitar que se pueda tramitar a través de la Ley de Contrataciones”, apuntó.

Entre los investigados se encuentran: Richard Cabana Chauca (exgerente regional), Germán Martínez Cisneros (exgerente de Infraestructura), Luis Alberto Díaz Vilca (exsubgerente de Liquidación de Obras),  Ivonne Roxana Bayona Guio (exsubgerente de Estudios), Lorenzo de la Cruz Sánchez (exinspector provisional),  Moisés Ángeles Obregón (exsubgerente de supervisión) Leoncio Benito Mauricio Chú (exgerente de Administración), Claudio Cumpa Macalopu (exsubgerente de Infraestructura, Marco Djukanovich Barba (exdirector regional de Transportes), José Eduardo Pretell Saldaña (exdirector regional de Transportes), Marco Maguiña Bustos (exdirector regional de caminos) y Guillermo Bustamante Vásquez (exfuncionario regional).

Según la tesis fiscal, todos ellos se habrían coludido para favorecer al “Consorcio Pallasca”, direccionando el proceso de selección, la entrega de la buena pro y permitiendo irregularidades en la ejecución del servicio denominado “Conservación y mantenimiento de la carretera Red Vial Pallasca”, la cual se ejecutó entre el 19 de diciembre del año 2009 hasta el 18 de diciembre del año 2013.

Esta investigación también alcanza al representante legal de la empresa Servicios de Consultores Andinos S.A, Wilder Navarro Sánchez, quien habría sido favorecido con la supervisión de los trabajos otorgándosele un monto de 3 millones 339 mil soles, durante la ejecución.

La Fiscalía también solicitó una ampliación de plazo de ocho meses por la cantidad de documentación incautada en la sede del GRA para ser revisada y por la realización de las pericias contables y de ingeniero civil.

(Por: Milton Palpa)