El proyecto establece otorgar dichas facultades a una Comisión Especial integrada por el presidente del Poder Judicial, el jefe de la Ocma y el decano de los magistrados supremos.

La norma señala que las facultades serán entregadas frente a situaciones que revelen la existencia de graves casos colectivos de mala conducta funcional o crisis institucional en algún distrito judicial del país, siempre que ponga en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones judiciales.

El texto aprobado precisa que sólo se autoriza a dictar medidas urgentes, imprescindibles, correctivas y de supervisión por un plazo máximo de sesenta días.

A pedido del congresista Heriberto Benítez Rivas (SN) se incorporó una disposición complementaria final que modifica el artículo 61 de la Ley de Carrera Judicial para elevar de seis meses a dos años el plazo para interponer queja contra jueces.

Intervinieron para apoyar la propuesta y dar sus aportes los congresistas Heriberto Benítez, Ana María Solorzano (NGP), Rosa Mavila  León (NGP), María Soledad Pérez Tello (APGC). Mientras que Rolando Reátegui (GPF) y Julio Rosas (GPF) mostraron su rechazo a la propuesta.

Previamente, se rechazó una cuestión previa, planteada por el congresista Julio Rosas, para convocar al jefe de Ocma a fin de que emita opinión sobre la propuesta.

De otro lado, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que propone modificar los artículos 3 y 6 de la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, para incluir a las personas que sufrieron violencia sexual como beneficiarias del programa de reparaciones.

La propuesta aprobada precisa que las personas  víctimas  de violación sexual, así como la violencia sexual en sus diversas formas como esclavitud, embarazo, aborto, prostitución y esterilizaciones forzadas serán beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones.

De otro lado, se informó del pedido del ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, para asistir a este grupo de trabajo a informar sobre las medidas para mejorar el sistema penitenciario en el país.