Chimbotenlineacom (Fuente La República).- Los funcionarios públicos procesados por delitos de corrupción de funcionarios, así como cualquier otro ciudadano con solvencia económica ya no se beneficiará de la defensa gratuita que el Estado otorga en los procesos penales.

A partir de ahora, los llamados "abogados de oficio" o defensores públicos solo asesorarán gratuitamente a las personas que no cuenten con recursos económicos para pagar un abogado.

El resto deberá pagar un arancel con descuentos de 80% y 40%, de acuerdo con sus ingresos a partir de 2.5 Remuneraciones Mínimas Vitales, 1325 soles o con un patrimonio superior a los 25 mil soles.

Los que tengan ingresos superiores a los 6,600 soles mensuales o un patrimonio superior a 150 mil soles, además, de todos los funcionarios públicos, no tendrán descuento.

Al momento de recibir la asistencia de un abogado de oficio, el procesado será informado del costo del servicio y firmará una carta de compromiso de pago.