Chimbote en Línea.- En el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, la Defensoría del Pueblo demanda a ambas candidaturas presidenciales y solicita al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que en los debates a realizase se aborden como temas centrales la situación de los derechos humanos y de las instituciones de la democracia, de modo que la ciudadanía tenga total claridad sobre sus posturas al respecto.

A lo largo de los años se han producido avances en materia de respeto, garantía y protección de los derechos fundamentales en el país, que se han visto reflejados en la normatividad y en las políticas públicas. Sin embargo, hay todavía amplios sectores de la población cuyos derechos siguen siendo solo enunciados jurídicos carentes de una realización práctica en su vida cotidiana.

El largo camino que aún falta recorrer requiere de consensos políticos en favor de toda la ciudadanía; pero, de manera particular, de los grupos de especial protección como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas privadas de libertad, personas LGBTI, migrantes, víctimas de la violencia política, y, ciertamente, de los pobres, los trabajadores informales, las personas sin acceso a agua potable, a salud y educación de calidad, a seguridad y justicia, entre otros. Sobre este punto conviene recordar que los derechos humanos se rigen bajo el principio de no regresión, corresponde al Estado hacerlos cada vez más efectivos y tangibles.

Ambas candidaturas y sus organizaciones políticas deberán expresar la forma en la cual garantizaran el funcionamiento de las instituciones de la democracia, que se basa en la alternancia en el poder, el balance y control entre los poderes públicos, la constitucionalidad de las leyes, la independencia del Poder Judicial, el respeto a las minorías representadas en el Congreso de la República, la libertad de expresión, y la preservación y fortalecimiento de los organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo; y todas aquellas otras instituciones que le dan forma a una República democrática, social, independiente y soberana, tal como es definida en la actual Constitución.

Esto significa expresar ante el país su compromiso de respetar la voluntad popular expresada en las urnas; proscribir la concentración del poder político; y respetar de forma irrestricta el derecho de los ciudadanos y ciudadanas  de vivir en democracia

Sobre la posibilidad de realizar reformas constitucionales demandamos el respeto escrupuloso de los procedimientos previstos para tal fin en nuestra Carta Fundamental. Es indispensable que toda propuesta de reforma que presenten ambas candidaturas se enmarque en los principios del Estado democrático de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado peruano, las cuales son vinculantes e irrenunciables.

Del mismo modo, es fundamental para el funcionamiento de las instituciones y la implementación de las políticas que se efectivice el deber de cooperación entre los poderes del Estado. En el presente quinquenio, el país en su conjunto ha padecido las consecuencias del constante enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Los altos niveles de inestabilidad política a los que se ha llegado han mermado constantemente la eficiencia de las instituciones y la paz social. Ambas candidaturas y sus organizaciones políticas deben expresar su voluntad de respetar el mencionado principio.

Finalmente consideramos que JNE, en el marco de sus competencias, debería incluir estos temas en los debates próximos a desarrollarse. Ello es necesario a fin que la ciudadanía pueda ejercer de forma responsable e informada su derecho al sufragio.