“El imputado que ordena o solicita ocultar pruebas que lo involucran en una investigación o directamente se encarga de borrarlas estaría obstaculizando la averiguación de la verdad (peligro procesal), razón por la cual estaría dando argumentos al Ministerio Público para solicitar una medida limitativa en su contra”, aseguró.

 

Al respecto, Del Carpio Narváez explicó que entre los presupuestos para solicitar una medida limitativa se encuentra precisamente el peligro de obstaculización a lo que se suma que la sanción a imponerse sea mayor a los cinco años y que existan fundados y graves elementos de convicción que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

 

El magistrado hizo esta precisión al aclarar que, si bien, el hecho de pretender o borrar pruebas que pueden perjudicar a un investigado está contemplado en el artículo 405 del Código Penal como delito de encubrimiento real, sin embargo, esta sanción no contempla a quien la ordena, sino a quien la ejecuta.

 

“Se sanciona como autor o partícipe del delito de encubrimiento real a quien ejecuta la acción, el que pretende encubrir o borrar el ilícito, ya sea porque cumple una orden o lo hace por iniciativa propia”, explicó.

 

En esa línea, detalló que el delito de encubrimiento real establece una sanción de 2 a 4 años de pena privativa de la libertad, la cual puede ampliarse de 7 a 10 años de prisión en caso el tercero busque borrar las pruebas de delitos graves como secuestro, extorsión, tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita y terrorismo.

 

Sin embargo, aclaró que esta sanción no incluye a los familiares cercanos del imputado como padres, esposa e hijos. 

 

“El Código Penal establece una excusa absolutoria para aquellas personas que mantienen vínculos con el investigado o procesado como una esposa, hijos, padres”, finalizó.  (Fuente: Andina)