Chimbote en Línea.- El jefe del Departamento de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, coronel PNP Jorge Pérez Llanos, dijo hoy que la denuncia de amenazas de muerte contra la juezas Susana Quispe Trujillo y Sara Valdiviezo Grandes, así como contra tres servidores jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Santa se ha declarado en reserva.

“Lo único que podemos comunicarles es que estamos ajustándonos al derecho, a las disposiciones del Ministerio Público, tenemos que guardar las reservas del caso, pero tienen que saber que las investigaciones están muy avanzadas. Se viene indagando teléfonos de delincuentes y de las víctimas, pero no podemos informar más sobre este caso declarado en reserva”, señaló.

El coronel Pérez dijo que presumen que las amenazas provengan del entorno del sentenciado Rubén Moreno Olivo “Goro” o de terceros cuyas penas están pendientes.

“Vamos a inferir aquí, es tácito deducir, de que a consecuencia de la sentencia condenatoria del día anterior a los hechos de intimidación o llamadas telefónicas dirigidas a los magistrados, fue condenado el conocido delincuente Goro a 25 años a pena privativa de libertad, presumimos que tenga que ver con él, presumimos que sea una acción sicológica promovida por los integrantes de esta organización o de terceros cuyas condenas están pendientes... es una hipótesis que nosotros vamos a tener que descartar y esto se los digo porque es una suposición”, mencionó.

También reiteró que la policía tiene un avance importante respecto de todas las investigaciones y esclarecimiento del caso.

“Vamos a tener importantes resultados más adelante, por ahora dada la situación y la delicadeza del hecho criminal, se ha tomado las acciones policialmente a fin de prevenir hechos que atenten contra los magistrados y los servidores judiciales. Se ha recomendado a las instancias de la Corte Superior de Justicia del Santa que soliciten la seguridad personal, mientras tanto estamos realizando acciones preventivas”, agregó.

Cabe indicar que Rubén Moreno Olivo fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por su participación en el primer atentado contra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos, ocurrido el 20 de julio del 2010, en el que asesinaro a su hijo político Roberto Torres Blas. (Redacción Central)