(Fuente: Otra Mirada) El año 2012 llega a su fin y si bien el gobierno del Presidente Ollanta Humala pareciera salir airoso en un balance final, según ciertos indicadores como el referido a su nivel de aprobación como inquilino de Palacio de Gobierno, en Otra Mirada consideramos oportuno señalar un conjunto de cambios institucionales que se han dado en este período y que abren la puerta a un manejo autoritario del Poder Ejecutivo.

En nuestro Suplemento No19 hicimos hincapié en el llamado “shock de gestión” propuesto por el ministro de Economía, Luis Castilla, que constituye un mecanismo que convierte al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un superministerio con poder sobre el resto de sectores del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los locales, en un superpoder que  desequilibra las relaciones democráticas entre los poderes del Estado.

Se vale del control absoluto del presupuesto, la administración de los recursos financieros y el establecimiento de metas diseñadas por los propios técnicos del ministerio (vale decir: jueces y parte juzgada).

A ello debemos sumarle el abandono de las políticas sociales universales que fueron plasmadas en el plan de “La Gran Transformación” y también en la llamada “Hoja de Ruta”. A la fecha, los programas sociales, emblema del gobierno, funcionan como insuficientes paliativos.

Medidas como el Fondo de Inclusión Social Energético o el recientemente anunciado (y presupuestado para el 2013) programa de micro irrigaciones, que ejecutará el MINAG, abren la puerta para la puesta en marcha de una maquinaria de clientelismo político de cara a las elecciones del 2014 y 2016.

Además de ello, recordemos los recortes en programas como Pensión 65 o Beca 18 y notamos, nuevamente, que los deforman en políticas clientelistas y/o mecanismos publicitarios del gobierno, antes que en reales programas sociales enmarcados en reformas integrales que busquen realmente la inclusión.

Pero los indicadores de un manejo autoritario del Poder Ejecutivo no se limitan sólo a las políticas sociales dejadas de lado, sino también a otros aspectos concretos como el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

El secretismo respecto de la compra de armas, por ejemplo, es suficientemente elocuente, pero lo son también las iniciativas legislativas como lo fue la Ley del Negacionismo, propuesta por el Ejecutivo y que durante muchas semanas estuvo en la posibilidad de ser aprobada.

Se puede ver, entonces, la situación política nacional y la conducción del actual gobierno desde dos flancos. De arriba hacia abajo, en el gobierno se acentúa  un nivel creciente de autoritarismo y represión y, de abajo hacia arriba, una pujante sociedad civil que se moviliza y organiza pero aún sin la suficiente fuerza como para hacerle frente a este viraje en el timón de Palacio de Gobierno.

Las encuestas que aplauden la actual gestión no hacen sino barrer bajo la alfombra los problemas de fondo y aprovechar la coyuntura (el caso de la Haya, por ejemplo) para cubrir con cifras altisonantes los vacíos que no cubre el gobierno y los desaciertos que comete.

Por otro lado, el actual primer ministro, Juan Jiménez, sobrevive con un perfil bajo, a veces invisible, y no con el liderazgo fuerte que podría emplear en la PCM.

Este estilo, sin embargo,  resulta funcional sólo momentáneamente ya que no ha tenido que hacerle frente a estallidos sociales grandes como sus antecesores.

Con este panorama acaba el 2012 y se vaticina un 2013 que enfatice aún más este autoritarismo así como el afianzamiento de la movilización ciudadana.

Esperamos, sin embargo, que dicha tendencia del Gobierno cambie y que encontremos en el año que recién empieza a un Presidente Humala más cercano a los electores que votaron por él y al plan por el cual se sienta en el sillón presidencial.