Chimbote en Línea.  - En los argumentos de la legisladora se indica que la grave situación en nuestra frontera sur ha generado escenarios de tensión entre el Estado peruano y el Estado chileno, lo cual se ha reflejado en el hecho de que cada una de las Cancillerías ha citado a los embajadores del otro país a fin de expresar su malestar por hechos y declaraciones de autoridades de ambos países.

 

“Se tienen serios indicios de que oficiales chilenos encargados de resguardar su frontera con el Perú estarían ayudando a migrantes a cruzar hacia nuestro territorio por rutas ilícitas, lo cual constituiría una clara violación de nuesta legislación en materia migratoria y representa una afrenta a las relaciones de amistad, cooperación y desarrollo conjunto que el Estado peruano mantiene con el Estado chileno”, se acota.

 

Asimismo, se detalla que la presencia de efectivos militares del Estado chileno en la frontera con el Perú reviste de especial gravedad la urgente situación que cada día se torna más crítica por el aumento de migrantes que desean a toda costa cruzar hacia nuestro territorio”.

 

“Además de la latente amenaza a nuestra seguridad interna, la situación en cuestión se ha convertido, por un lado, en un problema diplomático bilateral del más alto nivel entre el Estado peruano y el Estado chileno, y, por otro lado, en una problemática regional que involucra a terceros Estados y tiene claras características de crisis humanitaria, lo cual exige una acción concertada entre nuestras instituciones de gobierno y puesta en marcha en términos de política exterior”, alega.

 

En otra parte de la moción se recuerda que, de acuerdo con reportes oficiales, nuestro país alberga actualmente alrededor de 1 millón y medio de ciudadanos venezolanos, entre los cuales al menos 400 mil tendrían la condición de ilegales, lo cual implica que al menos uno de cada tres venezolanos presente en nuestro territorio tendría tal condición.

 

“Representando de esta manera una potencial amenaza contra la seguridad de nuestros compatriotas y una clara violación de nuestra legislación vigente”, se acota. (Fuente: Diario Correo)