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Explicó que la conflictividad social, que es normal en una democracia, no necesariamente debe asociarse a expresiones de violencia, como bloqueos de carreteras o actos vandálicos, sino al diálogo.
“El deseo del gobierno es que empecemos a manejar el concepto de diálogo y establecer una nueva cultura que no se quede en la mesa de concertación, ya que eso también cansa a las partes, sino ir más allá. La sostenibilidad debe ser entendida como sinónimo de desarrollo.
Por ello, dijo que la prevención, que será lo prioritario de su gestión, debe implicar llevar el desarrollo, sobre todo, a las zonas de riesgo, que son aquellas donde hay elevados niveles de pobreza al lado de inversiones millonarias en extracción de recursos naturales.
Advirtió que esa no solo es responsabilidad del Gobierno central sino también de los gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales que son también expresiones del Estado.
Añadió que ese esfuerzo de prevenir y solucionar los conflictos sociales deben sumarse también los partidos políticos, porque de lo que se trata es de fortalecer la democracia y hacer sostenible el desarrollo del país.
“Tenemos la responsabilidad de llevar adelante una reestructuración y reorientación del trabajo para que tengamos permanentemente una instancia que le permita conducir el proceso de reclamo de la población de manera más ordenada y consensuada y que los peruanos nos entendamos”, comentó.
Respecto al conflicto social sobre el proyecto minero Conga, dijo que los facilitadores del diálogo, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, están haciendo una importante labor de “filigrana social y política” para buscar puntos de entendimientos.