Chimbote en Línea.  – Los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez, sobrinos del que fuera jefe de la organización, Fidel Ramírez, se encuentran entre los 14 imputados. Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) incautaron 214 inmuebles en Lima y 9 regiones, esto incluye edificios, condominios, lujosas residencias, vehículos y aviones.

La excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, quienes pertenecieron al partido político Fuerza Popular y financiaron la campaña de esta, son parte de las 14 personas imputadas por un vasto caso de crimen organizado vinculado con lavado de activos en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado, según el mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga Urday.

Durante el periodo en el que su tío Fidel Ramírez Prado y otros miembros de su familia mantenían bajo férreo control la UAP, Joaquín y Osías Ramírez hicieron millonarios contratos simulados con la entidad universitaria mediante empresas de fachada. Con los fondos adquirieron y revendieron centenares de inmuebles e hicieron otros negocios para transferir dinero a la campaña de Keiko Fujimori.

En el caso también están implicados la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela, y las hijas de la pareja, Maribel Ramírez Gallegos, además de los cónyuges de estas, Yohny Ramírez Núñez y Marco Urteaga Cabrera. Asimismo, varios de los socios de Joaquín Ramírez, entre ellos Edmon Jordan Montes, quien está directamente relacionado con un caso de presunto lavado que vincula a Keiko Fujimori.

Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), en cumplimiento de la resolución judicial, ha procedido a la incautación de 243 bienes inmuebles que obtuvieron los participantes de la presunta organización criminal, entre los que se encuentran 171 propiedades en todo el país (la gran mayoría en Lima), además de 111 vehículos y aeronaves que adquirieron los investigados con fondos ilícitos.

Fidel Ramírez y su esposa Nancy Gallegos llegaron a poseer 86 millones de acciones Clase A de la UAP, además de otros 4,4 millones de acciones de Clase B de la misma universidad. La hija Nancy Ramírez Gallegos tuvo 300.000 acciones Clase B.

La disposición del juez Víctor Zúñiga también ordenó la incautación de la totalidad de las acciones de la familia de Fidel Ramírez, e incluso las que fueron transferidas a terceras personas, porque se entiende que se hizo la operación para evitar la persecución de la justicia.

La resolución judicial recuerda las declaraciones del expiloto Jesús Vásquez Ybañez, quien en el 2016 reveló que Joaquín Ramírez Gamarra, entonces jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, le confió que había “lavado” US$15 millones para financiar a la excandidata de Fuerza Popular y que la modalidad para blanquear el dinero ilícito fue un negocio de grifos.

Los agentes de la Dirila siguieron la ruta del dato y se dieron con que Joaquín Ramírez y su hermano Osías Ramírez hicieron millonarias transferencias entre sus empresas Norgrifos y Compañía General de Combustibles, mediante diversas operaciones simuladas, como alquileres, ventas de locales, etc. Las autoridades no descartan que esta trama haya servido para captar y lavar los US$15 millones de los que habló el expiloto Jesús Vásquez.

Sin embargo, hay otros casos que relacionan directamente a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, en las que participó el brazo derecho inmobiliario de Joaquín Ramírez, Edmond Jordan Montes, mediante presuntas empresas de fachada. Por ejemplo, la simulación de una compra-venta de una casa en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, Miraflores, donde funcionó el local partido.

Montes adquirió la empresa Mondreu con dinero de la UAP, luego la vendió a Lima Ingeniería y Construcción y Capricornio Import, de propiedad de Joaquín Ramírez, y en la transacción se incluía la casa de la avenida Arequipa. Esta operación tiene todas las características de una triangulación.

Edmond Jordan Montes reaparece en otro caso muy similar: compró a Keiko Fujimori y a su esposo un inmueble en Cieneguilla por US$201.010, cuando la excandidata presidencial lo había adquirido a US$144.946. Para las autoridades, se trató de una sobrevaloración para presuntamente lavar dinero de origen ilícito.

El 9 de abril de 2019, la UAP confirmó la muerte por enfermedad de Fidel Ramírez. Para entonces había organizado todo para que la propiedad pasara a manos de su esposa, sus hijas y sus yernos. Pero los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, conformada por exintegrantes de las Fuerzas Armadas, contrataron una auditoría y descubrieron que el clan de la familia Ramírez había depredado la universidad y formularon una denuncia penal por presunto lavado de activos, entre otros delitos.

El 25 de julio de 2019, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso investigar a Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez y a otras 11 personas, y poco después se incorporó al excongresista fujimorista Osías Ramírez, el 30 de noviembre de 2011. Para 2020, la administración de la UAP ya se encontraba en manos de una nueva gestión.

Como parte del proceso de desvincularse de la administración corrupta del clan Ramírez, la nueva administración de la UAP entregó toda la documentación relacionada con presuntos actos ilegales, y añadió una denuncia contra las anteriores autoridades, según reveló una investigación de La República, el 5 de abril de 2021. En el material había más evidencia sobre los vínculos de Keiko Fujimori.

Según el mandato judicial, además de los beneficios económicos ilegales que supuestamente recibió la tres veces excandidata presidencial, ella también prestó apoyo político de su partido Fuerza Popular para blindar las actividades de los Ramírez.

Keiko Fujimori ya enfrenta un pedido fiscal de 30 años de prisión por crimen organizado y lavado de activos por haber captado dinero sin declarar para financiar sus campañas de 2011 y 2016, y haber usado “pitufos” que simularon hacer aportes con el propósito de justificar el manejo de millones de fondos de origen ilícito. (Fuente: La República)