Chimbote en Línea.- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, liderada por el congresista Isaac Mita, aprobó el dictamen que propone sancionar la activación ilegal de líneas móviles y la tenencia de chips sin autorización, para prevenir delitos como estafas y extorsiones.

La iniciativa legislativa es de autoría de los congresistas Rosangella Barbarán Reyes, Alejandro Soto Reyes y María del Carmen Alva Prieto.

Dicha propuesta, basada en los Proyectos de Ley 09136/2024-CR, 09240/2024-CR y 09656/2024-CR, busca modificar la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal.

El objetivo del dictamen, según el informe, es fortalecer la normatividad penal vigente para enfrentar con mayor eficacia la actividad delictiva que emplea los SIM cards como instrumento para la comunicación vía teléfonos móviles y perpetrar actos como amenazas y extorsiones a los ciudadanos.

Se busca que, en el corto plazo, se puedan reducir los actos delictivos que utilizan teléfonos móviles activados ilegalmente, mejorando así la seguridad ciudadana y permitiendo un mayor control de las líneas activadas por parte de las operadoras para facilitar la investigación de delitos

Situación contextual de la normativa

El contexto presentado en el documento se centra en la problemática de la inseguridad ciudadana y los delitos asociados al uso ilegal de los servicios móviles y las tarjetas SIM. Según lo expuesto, la experiencia policial indica que mediante la incautación de SIM cards ilegales, se puede disminuir significativamente la criminalidad relacionada con estos delitos.

Asimismo, se menciona que existen dificultades en el control y fiscalización de la venta ambulante de chips en la vía pública, lo cual vulnera los derechos de los usuarios, al exponerlos a riesgos como el robo de identidad y el uso indebido de sus datos biométricos, como la huella dactilar. La venta informal y en la vía pública facilita la organización criminal y la comisión de ilícitos, lo que genera una percepción de inseguridad entre la ciudadanía.

De esta manera, los autores parlamentarios justifican la propuesta legislativa que pretende sancionar con mayor claridad la activación ilegal de líneas móviles y la tenencia no autorizada de chips (SIM cards), así como frenar el uso de celulares en delitos como estafas y extorsiones.

Otros temas en agenda

De igual manera, la comisión aprobó por unanimidad, con 21 votos a favor, el dictamen sobre los proyectos de ley que proponen pasar progresivamente al personal de salud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que trabaja con contratos CAS, a un régimen más estable, con una remuneración adecuada. También plantea permitirles cambiar de grupo ocupacional y de línea de carrera.

Además, se aprobó por mayoría, con 12 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, la norma sobre los proyectos de ley que proponen excluir a la SUNARP de la obligación impuesta por el Decreto Legislativo 1647, que exige aplicar una metodología específica para calcular los costos de sus trámites y servicios exclusivos. En otras palabras, SUNARP ya no estaría obligada a seguir ese método para fijar sus tarifas.

Por otro lado, la comisión aprobó por mayoría, 11 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal para mejorar las reglas de la detención preliminar cuando no hay delito flagrante, es decir, cuando no se atrapa al sospechoso en el acto. La idea, de acuerdo a los autores, es reforzar las garantías legales y evitar detenciones arbitrarias.

También se aprobó por mayoría, con 16 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que propone modificar las leyes sobre responsabilidad penal de empresas y contrataciones públicas, para que las empresas (peruanas o extranjeras) que cometan actos de corrupción sean inhabilitadas de forma definitiva para contratar con el Estado.

No obstante, la iniciativa que propone crear la Ley del Abogado Certificador, norma que reconoce formalmente la labor de los abogados que certifican documentos y actos jurídicos, fue trasladada para una próxima sesión de la comisión parlamentaria.

Finalmente, debido al límite de tiempo establecido, los demás puntos en agenda fueron postergados para una siguiente sesión de la Comisión de Justicia. (Fuente: Andina)