Chimbote en Línea. - El partido político Fuerza Popular lanzó un mensaje confrontacional contra el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso Joaquín Ramírez. La agrupación liderada por Keiko Fujimori exigió a la jefa de Estado que “instruya a sus ministros” y que eviten brindar conferencias de prensa sobre este tema, el cual ubica a la hija del exdictador Alberto Fujimori como pieza clave del brazo político del clan Ramírez.

 

“Exhortamos a la presidenta Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que exista un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, se lee en el comunicado.

 

Esto fue emitido horas después de que el ministro del Interior, Vicente Romero, señalara —en conferencia de prensa tras un operativo en el que se incautó 214 inmuebles vinculados a Joaquín Ramírez— que se trataba del segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú luego del caso Orellana.

 

“Después del caso Orellana, este es el más grande en el Perú en tema de lavado de activos. Más de 1.000 millones de dólares se va a incautar en un promedio de 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves, simulador e inmuebles. Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lavado de activos”, declaró.

Keiko Fujimori, el brazo político del clan Ramírez.

 

De acuerdo a la tesis fiscal, tras la investigación preliminar iniciada contra Joaquín Ramírez en el 2019, se le atribuye al actual alcalde de Cajamarca el delito de lavado de activos por haber participado en el financiamiento ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori, cuando se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular. Este movimiento irregular de dinero se realizó en agravio de la Universidad Alas peruanas (UAP) y del Estado.

 

El Ministerio Público advierte que, durante el periodo de Fidel Ramírez al frente de la Universidad Alas Peruanas, se hicieron contratos millonarios simulados mediante empresas de fachada para la adquisición y reventa de inmuebles, además de otros negocios, con la finalidad de transferir fondos a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

 

Según la estructura de la organización criminal dedicada a la presunta comisión del delito de lavado de activos, el brazo político estaría integrado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Pier Figari, exasesor de la hija de Alberto Fujimori. La función de ellos habría sido captar fondos ilícitos para obtener poder político y, con ello, blindar a la organización criminal. (Fuente: La República)