Como se sabe, el vocero del Ministerio Público (MP), Víctor Cubas, cuestionó la promulgación de la Ley 32181, que reforma el nuevo Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia; y señaló que la medida permitiría que la norma no tenga efecto inmediato mientras se evalúan sus implicancias en la lucha contra la delincuencia.

 

Asimismo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, mostró su preocupación por la ley que elimina la detención preliminar sin flagrancia, y aseguró que se rectificará la norma, pues consideró que limitará la acción de la justicia frente la delincuencia.

 

Así. el titular del PJ sostuvo que los jueces tienen la facultad de inaplicar normas que consideren contrarias a la Constitución Política del Perú, ya que su rol es precisamente velar por la protección de los derechos fundamentales.

 

Javier Arévalo refirió sin embargo, que dicha facultad debe ejercerse con responsabilidad y en línea con los principios constitucionales, garantizando que las leyes sean aplicadas de manera justa y equilibrada.

 

A decir del presidente del Poder Judicial, el desafío está en encontrar un equilibrio entre la necesidad de combatir la criminalidad y la protección de los derechos humanos. “Los jueces tienen la última palabra y si consideran que estas normas son adecuadas a la Constitución, las aplicarán, y si no, lo contrario. Los jueces tienen la facultad de inaplicar las normas cuando son contrarias a la Constitución”, aseveró a la prensa.

 

Pena de muerte: medida salvaje

 

Respecto al tema de la pena de muerte planteado por la presidenta Dina Boluarte, Javier Arévalo indicó que el debate sobre la pena de muerte es, sin duda, una cuestión compleja y polémica.

 

“La pena de muerte no puede ser ni objeto de debate, es una medida salvaje que ha sido superada en países democráticos y no podemos volver atrás. La pena de muerte es irreversible, hay posibilidad de error judicial y hay cosas más importantes que preocuparnos que sobre la pena de muerte”, consideró.

 

Javier Arévalo incidió en que esta medida no solo es inhumana, sino también innecesaria, ya que existen otras formas de castigo severo que no comprometen el derecho a la vida.

 

Consideró que urge reformas profundas, pero estas deben hacerse de manera técnica, con los recursos adecuados y sin caer en medidas populistas que solo buscan satisfacer demandas inmediatas sin garantizar cambios sustantivos. “Sin eso, toda reforma es pura demagogia, es engañar a la población (...) Si quieren reforma, háganla bien, con intervención del Poder Judicial, con recursos y marco jurídico correcto”, agregó.(Fuente diario Correo)