Chimbote en Línea.- El expresidente Francisco Sagasti, podría ser acusado por infracción constitucional e inhabilitado en el ejercicio de toda función pública durante diez años, si se aprueba definitivamente en la Comisión Permanente del Congreso el informe emitido hoy por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

 

El documento encuentra responsabilidad en el mencionado exmandatario por infracción a diversos artículos de la Constitución y por los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal.

 

Esto deriva de la decisión de pasar a retiro tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional en noviembre del año 2020. 

 

De igual forma, en estos mismos hechos se encuentra presunta responsabilidad de infracción constitucional y del delito de abuso de autoridad en los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, para los que también se pide inhabilitación.

 

Asimismo, se pide levantar a los tres personajes el fuero que les corresponde debido al ejercicio de su función pública. Estos hechos fueron materia de tres denuncias constitucionales; dos de ellas presentadas por los congresistas Juan Burgos (PP) y José Cueto (HyD).

 

Montoya sustentó informe

 

El encargado de sustentar el informe sobre estas denuncias fue el congresista Jorge Montoya (HyD), quien calificó la medida de pasar a retiro a los citados oficiales como inconstitucional, la cual tuvo como consecuencia “el descabezamiento” de la Policía Nacional, indicó.

 

Las resoluciones supremas dadas al respecto no habrían estado suficientemente motivadas, refirió el parlamentario. 

 

Tras la exposición de Montoya, no hubo debate al no solicitar ni un solo miembro de la subcomisión voluntad de intervenir. La votación culminó con 15 adhesiones a favor del contenido del informe final y dos abstenciones.

 

Por otro lado, se aprobó con nueve votos a favor y cuatro en contra el informe de calificación de la denuncia planteada por la Fiscalía de la Nación contra el parlamentario Edgar Tello (PP) por delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

 

Este presunto ilícito se habría perpetrado cuando el referido congresista contrató a Ana María Rojas, una allegada suya, en su despacho. Esta persona habría obligado, junto al congresista, al personal de su despacho a entregar parte de sus remuneraciones.(Fuente Andina)