Chimbote en Línea.  - Enfrentar la criminalidad organizada a través de medidas específicas, agrupadas en el ´Plan Boluarte’, es uno de los objetivos que persigue el Poder Ejecutivo con el pedido de facultades legislativas que ha hecho al Congreso, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola,

Al sustentar dicha iniciativa ante la Comisión de Constitución y Reglamento de este poder del Estado, el titular del gabinete explicó que este planteamiento comprende tres componentes: "La prevención, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, y el fortalecimiento de la Policía como institución que dirige la política de seguridad”.

En ese contexto, se aprobarían -al amparo de las facultades legislativas solicitadas- normas  con las que se regularán los aplicativos que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros; así como las reglas de transito de vehículos menores, como las motocicletas.

También se implementará, con una norma específica, la Central Única de Emergencia, y se fortalecerá el marco legal aplicable a casos de violencia contra las mujeres, terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

A estas medidas se añadirían -de aprobarse las facultades legislativas solicitadas- decretos que permitirán la reincorporación al servicio policial del personal en retiro; la incorporación de la facultad para gobiernos regionales y locales de disponer de recursos a favor de la Policía, y la prevención y el combate al comercio ilegal de teléfonos celulares.

"La vida de nuestros hijos está siendo truncada por un delincuente que vende un celular a 50 soles. Tenemos que cortarlo de raíz. Para ello vamos a cambiar este marco normativo y estamos seguros de que contaremos con el apoyo del Congreso de la República para implementar estas medidas", señaló el titular del gabinete.

Desastres e infraestructura

Las facultades legislativas comprenden también normas para la gestión de riesgos de desastres. Estas abarcan el fortalecimiento del seguro agrario; la sostenibilidad de proyectos de inversión de infraestructura natural; la coordinación entre los poderes del Estado ante el riesgo de desastres, y la agilización de las contrataciones para la atención de las emergencias.

"Con el ordenamiento territorial se busca la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en los procesos de planificación, a fin de no seguir comprometiendo la pérdida de vidas humanas, como recursos naturales y materiales", señaló Otárola.

Respecto a la infraestructura social y la calidad de los proyectos públicos, se han propuesto decretos legislativos para regularizar el derecho de propiedad, de características físicas de los predios urbanos, de habilitaciones urbanas y edificaciones; y legislar sobre el marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento, a fin de dotar de agua potable a los lugares que más lo requieran.

"Esto permitirá la adquisición y préstamos de hidrojets, motobombas, camiones cisterna, así como la contratación de sus respectivos operarios", detalló. Adelantó también que se promoverá la creación de un fideicomiso de titulación para el desarrollo de la movilidad urbana en Lima y Callao.

En cuanto al tema de la meritocracia, se ha elaborado un proyecto de decreto legislativo que fomenta el ingreso de los servidores públicos al régimen del servicio civil, a fin  de garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores de las entidades públicas.(Andina)