Chimbote en Línea (Política).- El presidente de Ancash, César Álvarez Aguilar, salió al frente para defender los convenios que firmó su gobierno regional con el Poder Judicial en los últimos años y que para él no hay nada malo.
 
“Ancash no es la única región en el país que ha firmado convenios con el Ministerio Público y el Poder Judicial, no sé dónde está lo malo, lo oscuro, lo ilegal. Álvarez no pagó el viaje de nadie, el convenio es entre instituciones y no personas, por último yo no digo quién viaja y quién no. Varios jueces que se capacitaron en Estados Unidos han emitido resoluciones en mi contra y no hay problema”, declaró.
 
Dijo que el convenio firmado hace un mes con la Corte Superior de Justicia del Santa para la construcción de un centro de recuperación de menores en Nuevo Chimbote y la ejecución de proyectos para mejorar la infraestructura en las sedes judiciales de la sierra, con un presupuesto de 60 millones de soles, está vigente y debe continuarse en beneficio de la población.
 
“La Centralita”

Por otro lado, Álvarez investigado por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir, peculado y malversación de fondos, en el denominado caso “La Centralita” mencionó que no es culpable del pago millonario a jueces, fiscales, policías y hasta periodistas.
 
"De todo me culpan, se fue la señal de ATV yo tengo la culpa, a caso soy supermán para cortar una señal que está en el satélite. He felicitado a la fiscal Nancy Moreno por su nombramiento como fiscal superior titular de la fiscalía anticorrupción, entonces no me culpen de todo", indicó.
 
La autoridad regional deberá demostrar que no es culpable de los delitos que se le imputan porque el expediente de este caso emblemático para la Fiscalía Anticorrupción es bastante voluminoso e implica a una serie de personajes. Se han anexado videos, audios y documentos como boletas de pago a periodistas en esta denuncia que se encuentra en etapa de investigación preparatoria.
 
El presidente de Ancash hizo estas declaraciones después de una masiva marcha que encabezaron los inscritos en la Asociación de Vivienda “La Tierra Prometida” que busca que el Estado transfiera 437 hectáreas de terrenos eriazos a la Municipalidad Provincial del Santa para habilitación urbana en Nuevo Chimbote. (Texto y foto Lindberg Cruzado)