Chimbote en Línea (Por: Víctor Mendoza Barrantes*) Cada vez la ciudadanía percibe el incremento de la corrupción y sus efectos negativos en lo político, social, económico, entre otros aspectos. Por ello urge luchar contra este gran fenómeno que ya está llegando a diversas instancias del Estado y se está institucionalizando, siendo los más perjudicados siempre los pobres.

Si bien nuestro Código Penal vigente sanciona la corrupción directa, éste no está respondiendo a la gravedad del problema. En un reciente foro realizado en el Congreso de la República y organizado por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción se discutieron los proyectos ley Nos. 1311 y 2285 que buscan  modificar  los artículos referidos a la inhabilitación (principal y accesoria) con carácter de permanente.

La inhabilitación permanente conocida también como “muerte civil” (persona viva con la pérdida de todos los derechos civiles del condenado) busca que se aplique a quienes con su “acción u omisión hayan provocado perjuicio económico – patrimonial al Estado, por ejemplo cuando, en connivencia con proveedores corruptos haya sobrevaluado la adquisición de bienes…”.

Si bien, en el debate importa tener en consideración derechos fundamentales de la persona protegidos en nuestra Constitución hay que señalar que ya existen precedentes de inhabilitación relacionados con casos de terrorismo y de violación sexual a menores cometidos por docentes.

Se requiere de la voluntad política de los líderes para afianzar la lucha sistemática contra la corrupción; y la participación de ciudadanos (as) debidamente informados es muy importante. Y más, de fieles comprometidos con la dignidad de las personas y la lucha contra la pobreza.

Hay que participar en la política nos pide el papa Francisco. Y trabajar contra la corrupción es un tema que nos debe involucrar a todos porque nos afecta a todos. (* Director de la Comisión de Justicia Social. Publicado en Mar Adentro, octubre 2013).