Chimbote en Línea.- El congresista Luis Ángel Aragón Carreño presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el Santuario Histórico de Machu Picchu y disponer su reorganización administrativa, a fin de garantizar su conservación y atención a los turistas.

 

Para tal fin, la iniciativa plantea que el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Gobierno Regional del Cusco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Municipalidad Distrital de Machu Picchu y el Comité Consultivo Regional de Turismo del Cusco realicen una evaluación del estado situacional de la administración de dicho santuario en un plazo de 60 días.

 

La reorganización administrativa, de acuerdo al proyecto de ley, deberá evaluar y reformar la estructura y competencias de la Unidad de Gestión del Santuario (UGM) de Machu Picchu para fortalecer su rol técnico y operativo, y proponer medidas para mejorar el acceso, las rutas, y servicios básicos de atención al turista nacional y extranjero.

 

Asimismo, deberá revisar y reformular los mecanismos de distribución y control de venta de boletos y señalar las propuestas pertinentes para mejorar la gestión administrativa del Santuario Histórico de Machu Picchu.

 

En la fundamentación, el congresista Aragón Carreño precisa que la iniciativa asegura que Machu Picchu, declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco, es uno de los bienes más valiosos y representativos del Perú ante el mundo, así como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel global. 

 

En ese sentido, explica que el valor histórico, arqueológico, espiritual y paisajístico de Machu Picchu enaltece la identidad nacional y representa un motor económico fundamental para el Cusco y el país; sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una serie de deficiencias en su administración.

 

“Entre los principales problemas que enfrenta está la venta boletos, virtual y físico; colas interminables que deterioran la experiencia del visitante; reventa de entradas; falta de fiscalización eficaz; desorganización en los accesos y rutas, y una deficiente atención de servicios básicos al turista”, asegura la iniciativa.

 

Esta problemática, señala el parlamentario, afecta la imagen del Perú como destino turístico y ocasiona pérdidas económicas diarias para la economía formal y para el Estado, además de poner en riesgo la sostenibilidad del patrimonio.

 

“Esta propuesta es concordante con el artículo 44 de la Constitución que establece que es deber primordial del Estado garantizar la defensa del patrimonio cultural de la Nación y promover el bienestar general de la población”, detalla. (Fuente: Andina)