“Es responsabilidad del Estado contribuir a este proceso de búsqueda de la verdad y justicia, que todavía no ha sido completado porque hay muchos casos pendientes y las exhumaciones deben ser parte de esta obligación”, declaró a la Agencia Andina.
Recordó que el informe de la CVR señaló que los procesos de exhumación se deben realizar de “todas maneras y con la mayor prontitud posible”.
“Todos los procesos que requieren de exhumación se tienen que dar dentro del marco de la ley y no se debe dejar nada pendiente que pueda ser señal de impunidad”, agregó.
El representante del organismo humanitario remarcó que la demanda de los familiares de los desaparecidos, de que se esclarezca toda la verdad y dar cristiana sepultura a las víctimas, es totalmente legítima.
Recientemente peritos especializados del Ministerio Público iniciaron la exhumación de varios restos humanos hallados en un arenal de la provincia de Virú, en La Libertad, y comprobaron que se trataba de campesinos secuestrados y asesinados por el grupo paramilitar Colina en 1992.
Según familiares, investigaciones periodísticas y organismos defensores de los derechos humanos, nueve campesinos del distrito del Santa (Áncash) fueron desaparecidos por Colina, que operó durante el régimen de Alberto Fujimori.
Ex militares que formaron parte del grupo Colina fueron sentenciados por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).