Chimbote en Línea.- Por ocho meses más la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa dispuso ampliar y declarar compleja la investigación preliminar seguida contra el encarcelado exgobernador regional, Cesar Álvarez y el preso exgerente de la Subregión Pacífico, Luis Arroyo Rojas, ambos implicados en el otorgamiento irregular de la buena pro de dos obras ejecutadas.

Se tratan de los trabajos que se hicieron en la Avenida Industrial valorizada en más de 37 millones de nuevos soles y de Ampliación del Sistema de Electrificación Rural del Centro Poblado de Cascajal cuyo valor es de casi 3 millones y medio de nuevos soles.

 La investigación también alcanza a los empresarios constructores, Juan Carlos Aguilar Alva y Gonzalo Alfredo Trujillo Rosales, asimismo a 10 exfuncionarios del GRA, todos ellos acusados por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.

Según la disposición fiscal N° 02- 2015 a la que tuvo acceso Chimbotenlinea.com se ordena reprogramar para los días 20 y 21 de julio junio la toma de declaraciones de Álvarez Aguilar y Arroyo Rojas en el penal de Piedras Gordas donde permanecen recluidos. Ellos deberán responder sobre su autorización y ejecución de los presupuestos para las citadas obras a favor de ambos consorcios.

En tanto la fiscal Angélica Bayes Antúnez ordenó que se levante el secreto bancario, tributario, telefónico y correos electrónicos de todos los investigados.

Entre los exfuncionarios de la Subregión Pacífico se encuentran Pamela Bermúdez Rodríguez, Oscar Salgado Olivo, Cecilia Alfaro García, Jorge Meléndez Iberico, Pepe Jara Delgado, Segundo Moncada Saucedo, Enrico Castañeda Casanova, Yony Benites Saldaña y Luis Andrés Caipo Paredes.

No obstante la Fiscalía solicitó información en Registros Públicos de los bienes y empresas perteneciente a los familiares de los investigados, lo mismo al Ministerio Público para saber si estos han tenido problemas con la justicia y a Cofopri sobre sus registros de propiedad. El requerimiento fue solicitado también ante Sedachimbote, municipalidades, Transporte, Migraciones y notarias.

(Redacción Central)