Dicha cautela se da en el marco de la investigación relacionada a un caso de presunta organización criminal vinculada a Pedro Bogarín Vargas, exgobernador regional de San Martín.

 

Esta presunta organización criminal se habría encargado del cobro de “coimas” para direccionar concursos en beneficio de ciertas empresas y/o consorcios en los procesos de selección en contratos de buena pro convocados por el Gobierno Regional de San Martín.

 

La procuraduría, asegurando el pago de la futura indemnización por daños y perjuicios y la devolución de lo indebidamente apropiado, presentó un total de 24 solicitudes de medidas cautelares de embargo en forma de inscripción y órdenes de inhibición ante el Poder Judicial, respecto a los implicados, que recaen sobre sus bienes muebles, inmuebles y acciones en personas jurídicas.

 

Incautación

 

De otro lado, la Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio, participó en la ejecución de una orden de incautación respecto de dos inmuebles - una oficina y estacionamiento doble valorizados aproximadamente en 907,984 soles- ubicados en la urbanización Chacarilla del Estanque del distrito de Santiago de Surco, que se realizó en la sede del Pronabi.

 

La medida fue requerida por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria en Extinción de Dominio de Lima, y ordenada por el Juez del Juzgado Permanente en Extinción de Dominio de Lima, al considerar que fueron adquiridos por la empresa Constructora y Servicios Generales Generación S.A.C., de propiedad de Simón Meiggs Rojas, la cual fue utilizada para recibir activos maculados.

 

Según la tesis fiscal estos bienes serían producto de la actividad ilícita contra la administración pública; y se encuentran vinculados a los fondos ilícitos derivados del pacto ilícito entre la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), y las empresas OAS y Odebrecht con la finalidad de favorecerla en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2014.

 

En la diligencia participó personal fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Transitorio de Extinción de Dominio de Lima y personal de la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio, a cargo de la procuradora Liliana Elizabeth Meza Quito. (Fuente: Andina