Chimbote en Línea.- La Contraloría General detectó  un perjuicio económico mayor a los S/ 3.4 millones en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pomabamba debido a que aprobaron y otorgaron el pago irregular de incentivos laborales adicionales a favor de sí mismos y de trabajadores administrativos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, afectando el presupuesto destinado a los docentes. Un total de 17 funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad administrativa y/o penal.

En el informe de Auditoría de Cumplimiento N° 20135-2021-CG/GRAN-AC, durante el periodo de enero del 2019 a diciembre del 2020, los funcionarios y servidores públicos de la UGEL autorizaron el pago adicional de incentivos laborales, a pesar de que ya habían recibido el incentivo único que autoriza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que no les correspondía recibir montos adicionales.

Dicho pago irregular fue sustentado en una resolución gerencial regional aprobada en el 2011, cuya escala supera los montos fijados por el MEF e inobserva la normativa vigente que prohíbe incrementos de bonificaciones e incentivos.

Para concretar el desembolso irregular mediante un abono a sus cuentas a través del Subcomité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (Subcafae), se utilizó el presupuesto destinado al pago de docentes nombrados y contratados de las instituciones de Educación Básica Regular, vulnerando el Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional del Presupuesto Público que establece que los créditos presupuestarios se utilizan exclusivamente para la finalidad autorizada.

En el 2019, se benefició a 44 servidores públicos con el incentivo adicional, mientras que en el 2020 fueron 38 los trabajadores beneficiados. En ambos casos se encuentra incluido el personal administrativo encargado de controlar el presupuesto y la administración de los recursos públicos de la entidad.

Cabe recordar que, en el 2018, la Contraloría General emitió un informe de Auditoría de Cumplimiento donde identificó un perjuicio por S/ 54.5 millones en seis unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Áncash por el pago de incentivos laborales basado en la Resolución Gerencial Regional N° 128-2011 que supera las escalas autorizadas por el MEF; no obstante, a pesar de que la Dirección Regional de Educación notificó que se suspendan, estos continuaron realizándose.

El informe de control fue notificado al titular de la UGEL Pomabamba y al Ministerio de Economía y Finanzas para las acciones que correspondan; así como también fue derivado al Procurador Público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales contra cuatro de los 17 funcionarios presuntamente implicados en estos hechos. Los ciudadanos pueden acceder al documento a través del  Buscador de Informes de Servicios de Control. en la página web institucional www.gob.pe/contraloría.