(Perú en Línea) Los Órganos de Control Institucional (OCI) de las municipalidades provinciales del país pasarán a control administrativo y funcional de la Contraloría General de la República, antes de fin de año; con el fin de fortalecer significativamente sus capacidades, autonomía e independencia y aporten de manera efectiva al desarrollo de sus intervenciones de control.

Esta medida obedece a la recientemente promulgada Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, y que se extenderá de manera progresivamente a las OCI de todas las entidades públicas del país.

El contralor general, Nelson Shack, explicó que actualmente, indicó, la Contraloría solo designa a los jefes de las OCI, más no al personal que trabaja en este órgano, y que precisamente se encarga de realizar las auditorías y los servicios de control a la entidad, lo cual genera una situación compleja.

Shack ha dispuesto que en los OCI de cada municipio provincial, el equipo de la Contraloría sea una unidad con capacidad profesional y operativa, capaz de hacer auditoría y servicios de control con pruebas científicas, y estará conformado por un abogado, auditores, ingenieros, economistas, entre otras especialidades dependiendo de la ubicación, dimensión y tipo de intervenciones públicas a supervisar.

Anunció la realización, a partir del mes de junio del presente año, de audiencias provinciales, que permitan escuchar y atender las demandas y denuncias de la ciudadanía de una manera cercana.. “Vamos a mejorar la cobertura y calidad de nuestro control, de tal manera que podamos acercarnos más y recoger de la población de sus principales inquietudes, así como informales las acciones que estamos realizando”, anotó.

Informó que la Contraloría tendrá la capacidad de examinar el desempeño de los supervisores que se contratan para las obras públicas, muchas de las cuales presentan serias deficiencias. “Si el desempeño es deficiente, los supervisores deben conocer que podremos y vamos a levantar un informe que evidencie el mal trabajo realizado y lo inhabilite en la supervisión de próximas obras públicas”, advirtió. (Con datos de la CGR)