Chimbote en Línea.- La Contraloría General de la República continúa hoy con el Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020 en Áncash con la visita a tres municipalidades de la zona sierra para supervisar in situ el estado de la adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres para las poblaciones vulnerables que se encuentran afectadas por el aislamiento social, como consecuencia de la presencia del coronavirus (COVID-19) en el país.

Con la participación de 20 auditores, a la fecha se han realizado 10 intervenciones en las municipalidades provinciales del Santa, Huaraz y Carhuaz; y en las distritales de Nuevo Chimbote, Independencia, Marcará y Taricá. Hoy se concretaron supervisiones en las municipalidades de los distritos de Ticapampa y Jangas, y de la provincia de Recuay.

Esta acción se realiza en el marco del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020, que se inició la semana pasada con el desplazamiento del control en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan prioritariamente de esta ayuda, el almacenamiento y la distribución hacia las familias que lo necesitan.

Son más de mil 1,800 municipalidades que han sido consideradas en este programa de apoyo a poblaciones vulnerables en todo el país. Además de Áncash, la Contraloría ya ha efectuado más de 100 intervenciones a municipalidades del interior del país en lo que va de la presente semana.

Hechos detectados
El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitieron detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles para adoptar las medidas correctivas que sean necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.

Los hechos detectados están asociados a la personalización de las canastas, la relación del precio con la cantidad de productos, al sistema de almacenamiento, distribución, entre otros. Aspectos que han sido desarrollados por la contraloría en los lineamientos que son de conocimiento público y que vienen siendo reiterados  a las autoridades ediles.

De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las familias beneficiarias. Del mismo modo, todos los recursos públicos asignados a los Gobiernos Locales deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política en particular.

Asimismo, los auditores de la Contraloría vienen apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del Sistema Nacional de Control.

Dicha plataforma permite que las municipalidades registren en línea el proceso de contratación, la ejecución del contrato y la  entrega de las Canastas Básicas Familiares para poblaciones vulnerables, contribuyendo a que dicha acción se conduzca de manera eficiente y se garantice y oportuno uso de fondos públicos.(NP)