Chimbote en Línea.- La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 117 290 en el Gobierno Regional Áncash como consecuencia de la inaplicación de penalidades a empresas proveedores que incumplieron con la entrega de equipos médicos al Hospital Víctor Ramos Guardia durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en la fecha y lugar establecidos en los contratos.

Mediante seis órdenes de compra, el gobierno regional adquirió, entre otros equipos, 8 ventiladores volumétricos mecánicos, 7 pulsioxímetros, 4 equipos de nebulización, 2 electrocardiógrafos de tres canales, 29 bombas de infusión y 6 desfibriladores para equipar los ambientes destinados a la atención de pacientes con COVID-19. Dicha compra se realizó bajo la modalidad de adjudicación directa para reducir plazos y asegurar la atención oportuna de los pacientes, sin embargo, no se cumplió.

El Informe de Servicio de Control Específico N° 061-2020-2-5332, cuyo periodo de evaluación comprende los meses de abril a octubre del 2020, determinó que, a pesar que la entidad regional recepcionó los equipos médicos fuera de los plazos y el lugar previsto, los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash no aplicaron la penalidad correspondiente por retraso injustificado, inobservando la Ley de Contrataciones del Estado.

Por ejemplo, la empresa a cargo de proveer 8 ventiladores mecánicos, entregó los equipos en el almacén central del Gobierno Regional y no en el hospital como establecía la orden de compra, por lo que llegaron al establecimiento médico 54 días después. Por esta razón, la Subgerencia de Abastecimiento de la entidad impuso una penalidad equivalente de S/ 78 000; no obstante, el Área de Tesorería no realizó la deducción por mora y pagó la totalidad por la compra de los equipos, a favor de la empresa.

Similar situación se registró con los demás equipos médicos, los mismos que fueron entregados al Gobierno Regional y no en los ambientes del hospital, generando un retraso injustificado. Además, las actas de conformidad de ingreso fueron firmadas únicamente por funcionarios del Gobierno Regional cuando, según la orden de compra, también debieron participar representantes del hospital Víctor Ramos Guardia y de la Dirección Regional de Salud Áncash.

Los hechos con indicios de irregularidades involucran a 8 funcionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa, por ello el informe fue derivado a la Procuraduría Pública Anticorrupción con la finalidad de que inicie las acciones legales que amerite, de igual forma, fue notificado al gobernador regional para los procesos administrativos correspondientes. Los ciudadanos pueden acceder al documento a través de web institucional www.contraloria.gob.pe