Chimbote en Línea.- El informe presentado por la comisión que investigó los presuntos actos de corrupción en la región Áncash fue aprobado en el pleno del Congreso de la República. Según este documento se pone en evidencia la cantidad de denuncias contra la gestión de César Álvarez en la presidencia regional entre el 2007 y 2014, que incluyen presuntos actos de corrupción al frente de una organización criminal articulada para cometer delitos y obtener ventajas económicas proveniente del erario nacional.

El documento fue expuesto por el presidente de la comisión, Mesías Guevara, y tras un prolongado debate se decidó admitir el informe de la comisión que investigó los presuntos actos de corrupción en la región Áncash y que identifica los delitos cometidos y la relación de sus autores con el crimen organizado.

Para conseguir esos objetivos, dijo, esta organización habría pagado a sicarios que se encargaban de asesinar a autoridades, testigos y a quien consideraban un obstáculo.

Asimismo, dio cuenta del daño económico causado por las irregularidades en el manejo del canon y los remanentes de las utilidades mineras; las cobranzas coactivas fraudulentas, la posible admisión de cartas fianzas proscritas, el lavo de activos y el abuso de autoridad, entre otros.

Según manifestó, estos graves delitos hacen necesaria la intervención del Ministerio Público a fin de realizar una exhaustiva investigación.

El documento también invoca al Ministerio Público, a la Policía Nacional y Poder Judicial a hacer todos los esfuerzos para identificar y sancioner ejemplarmente a los autores intelectuales y mediatos del asesinato de Sánchez Milla, Ezequiel Nolasco, Colona, Hilda Saldarriaga y otros.

Asimismo, pide denunciar penalmente a los exfiscales José Peláez y Carlos Ramos, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Ambos personajes, indicó Guevara, habrían formado parte de la red de impunidad que imperó en esa región y que favoreció a Álvarez al sancionar a los fiscales que investigaron las denuncias en su contra.

Igualmente, propone denunciar por prevaricato a  nueves magistrados del Poder Judicial que avalaron fraudulentas cartas fianzas.

Otra recomendación es dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que establezca mecanismos para mantener las asignaciones presupuestales provenientes del canon y donaciones, y desarrollar una cartera contingente priorizada de grandes proyectos alternativos para que sean ejecutados debidamente.

Respecto a la Contraloría General de la República le recomienda presentar al Congreso un plan de acciones que brinde garantías de atención de los principales montos y actividades de riesgo.

No obstante, el legislador Mariano Portugal y Enrique Wong, de Unión Regional, presentaron un informe en minoría, bajo la consideración de que el informe elaborado por el congresista Guevara había violado el debido proceso en algunos aspectos de la indagación.

Por ejemplo, mencionó que la comisión recomienda en su informe sanciones y separaciones de magistrados y funcionarios sin dar oportunidad a la defensa y sin demostrarse debidamente los delitos.

Portugal aclaró que el informe solo busca que el caso sea investigado debidamente por las autoridades correspondientes.(Andina)