Chimbote en Línea.- En un plazo de 45 días durará el procedimiento disciplinario sancionador que le abrió la Oficina Desconcentrada de Control Interno del distrito Fiscal del Santa a Paola Luz Valdivia Sánchez, quien estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito.

A la magistrada se le atribuye presuntas irregularidades como el haber abandonado sus labores (horario de trabajo) para ir almorzar en el restaurante campestre Gemma (Guadalupito), en compañía del ex coronel de la Divipol Chimbote, Edgar Aguilar Amaro.

Como se recuerda este hecho fue registrado en imágenes fotográficas, que las mostró a la opinión pública el encarcelado aspirante a la presidencia regional de Ancash, Juan Calderón Altamirano, un domingo 16 de febrero de este año.

En las imágenes se apreciaba a Paola Valdivia disfrutando de una calurosa tarde con el cuestionado ex coronel.

El Ministerio Público luego de haberla investigado preliminarmente concluyó que el día en que ella se encontró con Aguilar Amaro, en este recreo campestre, estaba de turno en la Fiscalía y eso se pudo constatar cuando en una visita inopinada del Ministerio Público como medida de control de los magistrados, ella no se encontraba en su despacho pues había salido de Chimbote.

Pero, al intentar defenderse, la magistrada presentó su descargo a la Oficina de Control Interno que su ausencia estaba justificada, porque se había turnado con su colega, Leyden Alvarado Olaya, pero esta última la desmintió, aduciendo que en el transcurso de esos días ella había viajado a la ciudad de Trujillo.

En la resolución N• 668- 2014 de fecha 2 de junio del 2014, que dispone la Oficina de Control Interno se le otorga a Paola Valdivia, un plazo de cinco días hábiles para que emita su informe de descargo. Asimismo  se cita con carácter de urgencia a los dos vigilantes de la empresa que brinda este servicio al Ministerio Público, a fin de que expliquen  con cuaderno en mano el ingreso y salida de la magistrada.

En este documento, Carmen Trujillo Marcelo, encargada de la OCI, señaló que la fiscal habría cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones, vulnerando el artículo 23 inciso C del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno y las directivas del Ministerio Público, el cual exige a los magistrados principios de probidad, honestidad y veracidad en sus funciones.(Texto: Milton Palpa)