Chimbote en Línea.- La Contraloría General de la República, detectó un perjuicio económico de S/ 54,789,309.71 en seis unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Áncash debido al pago irregular de incentivos laborales y cumplimiento de sentencias judiciales a favor de los trabajadores comprendidos dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo 276.

Entre las unidades ejecutoras afectadas figuran: la Sede del Gobierno Regional de Áncash, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huaraz y las Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes, Educación y Salud. Así mismo, identificó a 44 funcionarios y servidores públicos responsables del citado hecho.

Las observaciones se encuentran detalladas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°1120-2018-CG/GRAN–AC, el cual fue remitido al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio de acciones legales respecto de las observaciones de carácter penal contra los funcionarios y servidores señalados en el documento.

Observación
• A través de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N°s 0111-2011 REGION ÁNCASH- PRE y 0853-2012- GRA/PRE así como de la Resolución Gerencial Regional N° 128-2011-GRA/GRAD el Gobierno Regional de Áncash incrementó sin sustento técnico ni legal los incentivos laborales entregados a los trabajadores a través del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), vulnerando las restricciones establecidas por ley.

• El informe señala que entre los años 2011 y 2016, el pago de incentivos laborales generó S/ 32,245,471.93 de perjuicio económico en la sede del Gobierno Regional de Áncash. Para cumplir con el compromiso económico, los funcionarios programaron mayores recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y modificaron las asignaciones presupuestales utilizando dinero de partidas específicas destinadas a otros fines.
                                                                                            
• En la Dirección Regional de Agricultura, el perjuicio económico asciende a S/ 3,840,892.64. En el caso de la Dirección Regional de Educación el pago excedente por CAFAE, entre el 2011 y 2016, llegó a S/ 6,177,438.12; mientras que en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones el perjuicio económico fue de S/ 5,471,876.15. El mismo problema se registró en la Dirección Regional de Salud en donde se advirtió el pago excedente de S/. 597,141.87. 

• En la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huaraz, el incremento en la escala de incentivos laborales originó un perjuicio de S/ 6,456,498.00. Aun cuando en el 2016 la Dirección General de Gestión de Registros Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas actualizó los montos de los incentivos, los funcionarios de la UGEL Huaraz continuaron aplicando la escala aprobada por el Gobierno Regional sin sustento técnico.

• Así mismo se determinó inconsistencias entre  el número de las plazas contempladas en el Cuadro de Asignación de Personal (126), el Presupuesto Analítico de Personal (112)  y las planillas de pago  de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,  advirtiendo que en el 2017 las plazas no fueron cubiertas en su totalidad.

Principales recomendaciones

El informe recomienda remitir todo lo recaudado al Órgano Instructor competente para el inicio del proceso sancionador contra los funcionarios y servidores que resulten responsables.

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para el inicio de acciones legales respecto a las observaciones de carácter penal.

Además, recomienda al titular del Gobierno Regional de Ancash disponer el inicio de acciones administrativas para determinar responsabilidades de funcionarios y servidores.
El informe de Auditoría de Cumplimiento se encuentra publicado en el portal web www.contraloria.gob.pe (Sección: Transparencia e Informes de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.