Chimbote en Línea (Anticorrupción- Informe La República).-Graves irregularidades en las investigaciones de corrupción en la región Áncash encontró el personal de la Fiscalía Suprema de Control Interno que visitó las sedes de la Fiscalía en los distritos judiciales del Santa y Áncash.La visita de control duró 10 días y permitió recoger copias de carpetas fiscales y expedientes judiciales en investigaciones al presidente César Álvarez y funcionarios de la región Áncash y municipalidades de dicha zona.

Basado en dicha información, el fiscal supremo de Control Interno y fiscal de la Nación electo, Carlos Ramos Heredia, iniciaría investigación al menos a 14 magistrados de Chimbote y Huaraz.

Ramos Heredia recibió el miércoles 16 de abril un informe pormenorizado de los hallazgos. En la reunión estuvo presente la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Santa, Ruth Mariel Gonzales Sánchez.

Se han descubierto irregularidades tanto a nivel de la fiscalía como del Poder Judicial. Las investigaciones estaban mal planteadas o no se realizaban las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
A LA OCMA

En otros casos, los fiscales no apelaban las resoluciones judiciales que rechazaban las denuncias o que cuestionaban las investigaciones mediante hábeas corpus o acciones de amparo.

A nivel judicial, muchas resoluciones de sobreseimiento de causa o de acciones de garantía no están debidamente fundamentadas o estas son insuficientes o no explican por qué se toma una u otra decisión.

La información referente a los magistrados del Poder Judicial será adicionalmente remitida a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

El personal de la Fiscalía de Control Interno volverá a viajar al Santa y a Áncash para recoger información adicional, en especial de todos las investigaciones de casos de corrupción archivados durante estos años.

Pese al hermetismo con el que se maneja el tema, trascendió que entre los fiscales que serán investigados se encuentran el ex fiscal superior coordinador anticorrupción Pedro Reyes Calderón, José Olivos Cosio, Laureano Añanca Chumbe, Miriam Vilva Juárez, Ángel Chicle Flores y el fiscal superior Romel Paz Sánchez.

Romel Paz solicitó 20 años de prisión para los presuntos sicarios Alexis Reyes Camones, "Loco Alexis"; Arnaldo Ordinola Muñoz, "Nayo"; y Jaime Sánchez Cachay, "Piolín", por el atentado contra Ezequiel Nolasco, donde murió su hijo.

Sin embargo, cuando los jueces de la Sala Penal Liquidadora del Santa, Linda Vanini Chang, Pedro Rodríguez Huayaney y Roma Cruz Avilés, lo absolvieron, Paz se quedó conforme y no apeló para que el veredicto sea revisado por la Corte Suprema.

BECARIOS

¿Por qué Paz no apeló? Eso es algo que él deberá esclarecer en la investigación. Lo mismo tendrán que hacer los jueces superiores Vanini, Rodríguez y Cruz. Ellos formaron parte del selecto grupo de magistrados que viajaron, a fines del 2012, a San Diego, California, a una capacitación pagada por la administración Álvarez.

Otros jueces que están en la mira son Eloy Sotelo Mateo y Ever Gutiérrez. Eloy Sotelo, otro de los jueces becados por la región Áncash, excluyó al alcalde del Santa, Luis Arroyo, de la investigación del caso La Centralita.

Mientras que Ever Gutiérrez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, por un lado demoró incorporar como actor civil a la Procuraduría en el caso La Centralista, y, de otro lado, en tiempo récord, excluyó del proceso a los llamados "periodistas comando".
Por el mismo tema deberán responder los jueces de la Sala de Apelaciones de Huaraz Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín, que excluyeron a César Álvarez.

Se actuará con celeridad, dice
"Vamos a actuar con celeridad y drásticamente en el Santa y Áncash para recuperar la imagen del Ministerio Público y terminar con la impunidad que parece reinar en la zona", afirmó el fiscal supremo de Control Interno y fiscal de la Nación electo, Carlos Ramos Heredia.

"Estamos iniciando ya  procesos disciplinarios y en otros estamos en la fase de recojo de elementos que nos permitan definir si se actúa por negligencia o desconocimiento o es evidente una inconducta funcional que debe aclararse en una investigación", subrayó. (Por: César Romero C-La República)