Chimbote en Línea.- Estando a puertas de un nuevo proceso electoral general, en donde los peruanos tendremos la gran responsabilidad de elegir al próximo presidente de la República, así como a los miembros del Congreso de la República y el Parlamento Andino, tanto las autoridades electorales como los veedores y garantes deberán estar más atentos que nunca al comportamiento de las actuales autoridades y servidores del Estado.

La Defensoría del Pueblo es uno de esos veedores, por ello la coordinadora de la Oficina Defensorial de Chimbote, Roslin Villanueva Ramírez, se dirigió a todos los funcionarios y servidores públicos a acatar el principio de neutralidad en este proceso electoral a fin de no vulnerar las normas del mismo.

Villanueva hizo este llamado en el marco de la reciente apertura de las “mesas redondas electorales”, un esfuerzo conjunto de Chimbote en Línea y Correo Chimbote para llevar a los electores la información más completa de todos los candidatos al Congreso por Áncash y sus propuestas de trabajo.

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD

Uno de los temas principales de su exposición fue el del principio de neutralidad, por el cual todas las autoridades y los funcionarios del Estado están prohibidos de realizar o promover actividades proselitistas a favor o en contra de algún candidato. Con esto, la representante de la Defensoría se refirió a aquellos que se encuentran a cargo de municipalidades, programas sociales, instituciones regionales, órganos de administración de justicia, entre otros.

Dicho principio de neutralidad, que es promovido por la Defensoría del Pueblo desde noviembre pasado, pretende recordarle a las autoridades que su rol es el de trabajar para el pueblo y no para hacer público su favoritismo o su antipatía por algún político.

“Esta directiva nos alcanza a nosotros mismos, por ejemplo: los que trabajamos para el Estado estamos prohibidos de realizar –durante nuestras horas de trabajo- actividades de proselitismo político a través del ejercicio de nuestras funciones o a través del uso de infraestructura, bienes o recursos públicos, bien sea a favor o en contra de los candidatos o partidos políticos”, manifestó Roslin Villanueva.

En el caso de las autoridades electas por voto popular, como los alcaldes, su postura debe ser más restringida, pues al ser personas públicas influyen en la decisión del elector y este poder puede ser usado de mala manera.

“No es prudente que las autoridades electas se manifiesten de manera alguna a favor o en contra de algún candidato y tampoco deben usar sus redes sociales personales para dar a conocer su posición política”, consideró.

PROPAGANDA Y REGULACIÓN

Otro tema importante abordado por Villanueva Ramírez tuvo que ver con la propaganda electoral, y la necesidad de diferenciar entre un bien de dominio público y uno de uso privado para hacer uso de dicha propaganda.

“Son bienes de uso público: playas, parques, infraestructura vial, puentes, áreas verdes, calzada, bermas, separadores de alamedas, malecones, plazas, y en general todo espacio donde haya inversión del Estado, por lo tanto no puede ser usado para actos de propaganda”, dijo.

Villanueva agregó que los candidatos o los partidos políticos tampoco pueden colocar su propaganda en lugares privados, como colegios, espacios militares, clínicas, iglesias (de cualquier credo), colegios profesionales, notarías y otros.

Cualquier infracción a estas disposiciones podría ameritar una sanción económica para el funcionario público.

“Si usted sabe de algún hecho que configure una infracción de este tipo puede hacer llegar su queja al local de la Defensoría del Pueblo y nosotros elevaremos el caso al Jurado Electoral Especial para que tome las medidas correctivas”, sentenció. (Periodista: Freddy Camán)