Chimbote en Línea.-  Nuestros políticos y muchos de los que llegaron al poder han demostrado que la ética no ha sido factor clave para lograr “éxitos” electorales y alcanzar un puesto en los gobiernos local, regional y nacional. Con una ley electoral endeble, “los aportantes” a los partidos políticos y financiadores de millonarias campañas, podrán seguir siendo anónimos interesados en solventar los gastos de los candidatos, o “generosos” empresarios ligados a la minería ilegal o actividades ilícitas o hasta narcotraficantes.

¿De dónde provinieron los ocho o 12 millones de nuevos soles, que aproximadamente gastaron algunos movimientos regionales y partidos políticos que participaron en las  Elecciones Municipales y Regionales del 2014?
¿Por qué 13 de esos movimientos que ganaron las elecciones del 2014 decidieron no presentar su informe de gastos anuales ante la ONPE?; entre ellos, el movimiento Puro Áncash, fundado y liderado por el actual gobernador Waldo Ríos Salcedo, quien llegó al poder arrastrando una millonaria deuda con el Estado por haber recibido dinero del nefasto Vladimiro Montesinos.

¿Quién o quienes financiaron la campaña del agricultor y ex taxista Ríos Salcedo? ¿Cómo se financiaron las campañas electorales de los actuales congresistas, y en especial de aquellos ligados al procesado, y preso en Piedras Gordas, César Álvarez Aguilar? ¿Podrán y querrán dar cuento de ello?

La impunidad y la deshonestidad de los políticos se siguen afianzando desde el Poder Legislativo, atentando contra la democracia en el país. Una propuesta, venida desde la Comisión de Constitución del Congreso, que preside el congresista nacionalista y ancashino Freddy Otárola, delata los reales intereses de quienes pretenden ocultar a “los aportantes”.

Esta “Ley Otárola”, observada incluso por los tres organismos electorales, propone eliminar los topes para el financiamiento anónimo, elevar en 10 veces más (de 30 a 300 UIT*) el tope de los aportes anuales a un partido político y hasta calificar de “leve” la no presentación de los reportes financieros a las ONPE.

El especialista en temas electorales Gerardo Távara explica que: “la propuesta de Otárola elimina, además, los topes para el financiamiento anónimo bajo la modalidad de actividades proselitistas (rifas, polladas, bingos, “waldotones”, etc.).  La situación sería mucho más grave aún porque el proyecto califica como infracciones “leves” no presentar los reportes o no identificar a los aportantes, para lo que se aplicaría una sanción de apenas 10 UIT que equivalen a 38,500 soles. Vamos a ponerlo en palabras sencillas: el partido puede recibir de una persona más de un millón de soles, no declararlo y pagar una multa de 38 mil”.

La sociedad civil, algunos políticos y las entidades que integran la Plataforma por la Reforma Política y Electoral (organismos electorales, Defensoría del Pueblo, IDEA Internacional, Transparencia y el Consejo de la Prensa Peruana) han usado, como último recurso, un pedido formal al presidente de la República, Ollanta Humala para que observe el texto modificatorio de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos, aprobado el 1 de octubre de 2015 por el Congreso de la República.

La propuesta que lidera el congresista Otárola, como dice Gerardo Távara, “es una grave ´trampa´ para la política y la democracia peruana”. ¿Podrán los legisladores ser coherentes con su rol fiscalizador y darle decencia a la vida política en el país?

Las Elecciones Generales del 2016 son una oportunidad para afianzar la democracia; empezando por asegurar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, reducir la percepción ciudadana que vamos camino a ser un “narco estado” y sancionar a quienes no están dispuestos a jugar limpio.  ¿Quién le pondrá el pare a la “Ley Otárola”?