Chimbote en Línea. - La Defensoría del Pueblo, ante la creciente preocupación por la presunta vulneración del derecho al libre tránsito en la construcción de la Vía de Evitamiento de Chimbote, la cual estaría generando un conflicto social en la localidad valle Santa Lacramarca, ubicada en la provincia del Santa del departamento de Áncash, así como la información difundida en medios de comunicación sobre el proceso de hábeas corpus, señala lo siguiente:

 

La Defensoría del Pueblo ha sido incorporada en calidad de amicus curiae (amigo de la corte) en el proceso constitucional de hábeas corpus interpuesto, a fin de que el juez constitucional ordene la suspensión del cobro de peaje en la Unidad de Peaje Santa, cuya demanda fue admitida por el Juzgado Constitucional de Chimbote el 07 de abril de 2025.

 

En dicha incorporación como amicus curiae, la Defensoría del Pueblo no actúa como parte procesal ni solicita la suspensión del peaje. La participación se enmarca en su función constitucional y legal de brindar aportes técnicos y jurídicos no vinculantes al órgano jurisdiccional a fin de garantizar la interpretación y aplicación adecuada de los derechos fundamentales, en particular el derecho al libre tránsito.

 

Asimismo, el enfoque se enmarca en la seguridad y considera la participación e inclusión de los organismos directamente involucrados en la problemática social; es decir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y sus dependencias, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

 

No obstante, de manera paralela, la Defensoría del Pueblo ha venido desarrollando diversas acciones ante la conflictividad social que se viene generando en dicho proyecto, tales como:

 

El 19 de febrero último, solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito del Santa, a fin de realizar un operativo conjunto en el óvalo Buenos Aires para salvaguardar la integridad física de la población que transita por este sector.

 

El 06 de marzo último, tras el inicio de operaciones de la Unidad de Peaje de Santa, se ha remitido un oficio dirigido al Viceministerio de Transportes del MTC, en el cual se formularon diversas recomendaciones con el propósito de prevenir el escalamiento del conflicto social en la zona donde se ubica la vía concesionada, así como propiciar espacios de diálogo con la población afectada en dicho sector 7.

 

De otro lado, la Defensoría del Pueblo participó en una visita de campo y en tres reuniones convocadas por la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC, logrando, a través de nuestra mediación, la aprobación del expediente de habilitación de accesos y caminos de conexión, lo que permitió el inicio de los trabajos de campo en el mes de mayo. Actualmente, estamos atentos al cumplimiento de estos compromisos, asumidos por dicha cartera ministerial.

 

Por lo tanto, son falsas las versiones dadas en algunos medios, en los cuales refieren que la Defensoría del Pueblo esté apoyando a dicha empresa concesionaria. Toda vez que nuestra intervención es integral, la cual busca salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, con énfasis en la seguridad ciudadana y vial, gestionando los conflictos sociales con un equipo profesional comprometido con la defensa de los derechos humanos y el bienestar social.