Chimbote en Línea. - La Defensoría del Pueblo recordó a la Municipalidad Provincial del Santa la obligación que tienen las instituciones públicas de garantizar condiciones de accesibilidad que permitan la movilidad de las personas con discapacidad, tanto del público que asiste diariamente como del propio personal que labora en cualquier sede del Estado.

 

El pedido fue realizado después de la intervención por el caso de una trabajadora de dicha entidad que se moviliza en sillas de ruedas debido a su condición de discapacidad. La municipalidad había dispuesto su rotación del área de Limpieza Pública al área de vigilancia del complejo San Juan, ubicada en las inmediaciones de la zona conocida como Pampa del hambre, en Chimbote.

 

La notificación del cambio de su sede labores se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre. No obstante, al acudir a trabajar la servidora enfrentó una dura realidad, toda vez que su nuevo lugar de trabajo no contaba con rampas ni ambientes adaptados para personas con discapacidad, lo que imposibilitaba su desplazamiento y representaba un riesgo para su seguridad personal.

 

Fue tras la intervención conjunta del Módulo Defensorial de Chimbote y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que la Municipalidad Provincial del Santa dispuso el retorno de la trabajadora a su sede anterior de funciones, donde desempeñará labores administrativas. Sin embargo, situaciones como esta no deben darse pues afecta los derechos de las personas con discapacidad, más aún si se tiene en cuenta que se trata de una institución pública.

 

Así lo manifestó la coordinadora de la sede de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva, quien exhortó a la Municipalidad Provincial del Santa a disponer los ajustes razonables, como rampas, barandas y otros accesos, tanto en los espacios de trabajo que sean asignados a trabajadores con discapacidad como en aquellas áreas que puedan ser requeridas con mayor frecuencia, como mesas de partes, zonas de atención al público y servicios higiénicos, entre otras.

Estos alcances formaron parte del documento que dirigió la representante de la Defensoría del Pueblo a la alcaldesa provincial del Santa, en el que se precisó que, si bien la implementación de estas medidas requiere de una asignación presupuestal especial, esta labor debe darse de manera progresiva a fin de proteger los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo de cumplir las disposiciones que se encuentran establecidas en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.(Fuente Defensoría del Pueblo)