Chiclayo en Línea.- Vladimir Cerrón Rojas y sus seguidores calificaron como “persecución política” la condena de 3 años y 6 meses de prisión, que se le ha impuesto al exgobernador de Junín por el delito de colusión. Pasan por alto que el caso se originó por una auditoría practicada por la Oficina de Coordinación Regional Centro de la Contraloría General de la República, en 2015. El informe final documenta que Cerrón, pese a las advertencias de entidades públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras, organizó, promovió y adjudicó el contrato, lo que vulnera todas las normas y afecta los intereses del Estado.

Según el reporte final de los auditores, documento que sustentó la acusación contra Cerrón y otros 5 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, estos concertaron voluntades para aprobar la propuesta de una empresa que nunca había contratado con el Estado y mucho menos contaba con experiencia en la habilitación de aeropuertos. La intención de Cerrón y de sus cómplices fue la de favorecer a la compañía, que luego formó un consorcio para emprender una obra valorizada en S/403,6 millones de soles.

Para emprender el proyecto, Cerrón requería el visto bueno de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) y del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), del MEF y de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), del MTC.
“Desde (el) primer momento de su propuesta se señaló que (el proyecto) no era sostenible”, señalaron los auditores: “No existía ninguna necesidad ni justificación técnica o económica” para construir un nuevo aeródromo en la región, porque ni siquiera es rentable hacerlo.
Era evidente que Cerrón y sus cómplices desoyeron a las autoridades “con el único fin de adjudicar de manera directa la ejecución al Consorcio Aeródromo Regional Wanka”, compuesto por las compañías Grupo GMN, Corporación Zayonn Contratistas Generales y UNUS OG.

Los auditores confirmaron la intervención personal, directa y decisiva de Vladimir Cerrón cuando encontraron, entre otros documentos, una carta del exgobernador regional, fechada el 15 de febrero del 2012, reclamando al MEF por desestimar la construcción del aeródromo, eliminándola en dos ocasiones como Proyecto de Inversión Pública (PIP).

“Manifiesto mi extrañeza a tal acción, puesto que ha sido ejecutada de una manera arbitraria y antitécnica por su representada (el MEF) en 2 oportunidades”, escribió Cerrón muy enojado. Y prosiguió con el proyecto.

El 10 de octubre del 2013, firmó la ordenanza regional declarando de interés la obra, y el 23 de abril del 2014, en el último año de su gestión, una comisión de consejeros adjudicó directamente la habilitación al Consorcio Aeródromo Regional Wanka. Para que no queden dudas de su participación, fue el mismo Cerrón quien suscribió el acuerdo con el consorcio: “No obstante (los cuestionamientos mencionados), el 4 de junio del 2014, el señor Vladimir Cerrón, presidente regional, y el señor Luis García Morón, representante legal del Consorcio, suscribieron el contrato para la construcción del Gran Aeródromo Regional Wanka”.

Por estas y otras irregularidades descritas en el informe de auditoría, se concluye que Cerrón y los otros 5 funcionarios actuaron con la finalidad de beneficiar al consorcio, lo que configura un delito: “Los hechos expuestos evidencian la existencia de indicios razonables de la presunta comisión del delito de colusión simple”. Esto ocurrió 6 años antes que Perú Libre, de Vladimir Cerrón, ganara las elecciones presidenciales. (Fuente: La República)