Chimbote en Línea.- Con la etapa de la oralización de las documentales se continuó la audiencia del juicio oral que se sigue contra la alcaldesa provincial, Victoria Espinoza García, el teniente alcalde Julio Cortez Rojas y un grupo de funcionarios ediles, todos acusados de la presunta comisión del delito de colusión, por el emblemático “Caso Nehalem”.

Esta vez fue Roger Reyes, defensa de Espinoza y Cortez quien presentó hasta 6 pruebas documentales que rechazan la tesis del Ministerio Público.

Entre los documentos sustentados ante la titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa, Patricia Peralta se encuentran: el expediente técnico de la ejecución de la obra, la resolución de alcaldía que aprueba el cofinanciamiento de los trabajos, una resolución de Sedachimbote que aprueba dicho expediente, informes del Ministerio de Vivienda, entre otros.

Durante la audiencia que se inició a las 10 y 30 de la mañana se hicieron presente el representante del Ministerio Público, Laureano Añanca Chumbe, el procurador anticorrupción, Richard Asmat Urcia y dos abogados más de los demandados, Augusto Cruz Rossel y José Grijalba Venturo.

Para la próxima audiencia programada para el 23 de febrero a las 3 de la tarde se continuará con cuatro pruebas más de parte de la defensa de los acusados. Se ha programado además recoger la declaración de uno de los procesados, Aquior Mendoza Mendoza, para quien la Fiscalía solicita 3 años de cárcel por lo avanzado de su edad (65).

El Ministerio Público investiga la primera gestión de Espinoza García (2007-2010). Según la tesis fiscal los servidores ediles se coludieron con los representantes del consorcio Nehalem para favorecerlos con la adjudicación de la obra de agua y desagüe del sector III presupuestado en más de 14 millones de soles a pesar que no reunía con los requisitos estipulados en las bases.

La Fiscalía solicita 5 años de cárcel no solo para Victoria Espinoza, sino también para el teniente alcalde Julio Cortez Rojas y demás funcionarios. En tanto la Procuraduría ha requerido 200 mil soles como pago de reparación civil a favor del Estado.

(Redacción Central)