Chimbote en Línea.- El juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa sentenció a Tomás Richar Casana Cárdenas (53), a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, por el delito de tráfico ilegal de especies acuáticas, en agravio del Estado. La reparación civil se fijó en 45 mil 400 soles.

El 7 de abril de 2017, al interior de la pesquera Flores S. A. C. en el pueblo joven Villa María la Policía intervino a un camión  frigorífico. Según la guía de remisión, transportaba 800 cubetas  cargadas con 20 mil kilos de la especie conocida como jumbillo, sin embargo al revisar el interior los agentes del orden verificaron que se trataba de jurel en talla juvenil.

En el lugar, también se intervino a Mario Oswaldo Vásquez Teevin (49), representante de la empresa Macaos, debido a que entre la documentación encontrada en el carro, se halló una guía de remisión de dicha empresa.

En el cuaderno de ocurrencias de la pesquera, se encontró consignado el nombre de Tomás Casana como el conductor de la unidad de carga.

Tras realizarse todos los muestreos se determinó que el 100 por ciento del contenido totalizaban 14 mil kilos de la especie en tamaño no permitido. La documentación de transporte también había sido alterada, para evitar la supervisión del Ministerio de la Producción.

El Ministerio Público acusó a Casana Cárdenas por el delito de tráfico ilegal de especies acuáticas, señalando que como chofer de este tipo de vehículos con varios años de experiencia transportando pesca, era imposible que desconociera lo que trasladaba. La acusación también comprendió al representante de Macaos, que terminó absuelto.

Para el juez Juan Gabriel Pedreros Vega, al momento de recoger la carga, el procesado Tomás Casana debió percatarse de la diferencia de tallas del pescado, por ser el único que se encargaba del traslado desde el punto de partida hasta la fábrica.

Por estas consideraciones, lo sentenció a tres años de pena privativa de la libertad, suspendidos en su ejecución por el plazo de dos años. La reparación civil fue fijada en 45 mil 400 soles.