Chimbote en Línea.- Esta mañana se culminó con el interrogatorio a los peritos del Ministerio Público, como parte del proceso judicial que se sigue contra la alcaldesa provincial del Santa, Victoria Espinoza García, Julio Cortez Rojas y funcionarios, acusados de la presunta comisión del delito de colusión por el caso de los “semáforos inteligentes”.
Los profesionales de ingeniería mecánica y electrónica Estuardo Cano Lozada y Stanley del Águila Apaza respondieron a las interrogantes de las partes sobre la pericia técnica valorativa realizada a esta obra y mantuvieron su posición de que habría existido una sobrevaloración de más de 3 millones 562 mil soles.
Al respecto, el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, dijo que los profesionales señalaron frente al titular del Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Efer Díaz Uriarte, que tras revisar cada uno de los componentes del expediente técnico y con el trabajo de campo sobre el costo en el mercado, determinaron dicha sobrevaloración.
La audiencia continuará el 6 de setiembre al mediodía. Para esa fecha deberá acudir el perito de parte, quien deberá desbaratar lo manifestado por los profesionales de la Fiscalía. Terminado el interrogatorio se procederá con la presentación de las pruebas documentadas.
ACUSACION
La Fiscalía acusa a Espinoza, Cortez, junto a la gerenta de Obras de la MPS, Micaela Flores Gómez, al subgerente Javier Menacho Méndez, al exfuncionario edilicio Aquior Mendoza; asimismo al citado representante del Consorcio ITS Santa, Nicolás Rivas Gay del citado delito.
Según refiere su tesis, en el año 2009 los funcionarios de la comuna se habrían coludido para favorecer al citado consorcio en la adjudicación y licitación de dicha obra y con el cual se produjo una presunta sobrevaluación de más de 3 millones de soles, la cual no estaba considerada en el Plan Anual de Inversión del Municipio del Santa.
En ese sentido, ha pedido hasta 4 años y 10 meses de cárcel para los implicados en este proceso, mientras que la Procuraduría exige más de 4 millones de soles como pago de reparación civil a favor del Estado.
(Por: Milton Palpa)
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