Chimbote en Línea.- El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa prescindió de las declaraciones de dos de los testigos (órganos de prueba) del Ministerio Público quienes no acudieron a la audiencia de juicio oral que se sigue contra la alcaldesa Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, a quienes se les acusa de la presunta comisión del delito de colusión, referido al caso de los “semáforos inteligentes”.

Así lo dispuso el juez, Efer Díaz Uriarte luego de conocer sobre la no ubicación en su vivienda en Nuevo Chimbote de Jesús Sánchez Salgado por parte de la policía judicial y de Carmen Vargas Alcántara, quien estaría por la ciudad de Sullana.

En ese sentido el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe manifestó que en la próxima audiencia se deberá convocar para el recojo de declaraciones de los testigos entre ellos: Alexis Tapia Palacios, Mario León Lomparte, Gerson Guerra Martínez y de Uldarico Víctor Llanos Muñoz; asimismo del exfuncionario edilicio Santos Marín Trujillo López. “A ellos se les va a notificar para presentarse a la próxima audiencia, bajo el apercibimiento compulsivo”, señaló el magistrado.

La diligencia quedó reprogramada para el próximo 7 de febrero a las 10 y 30 de la mañana.

En este proceso judicial también se investiga a la gerenta de Obras, Micaela Flores Gómez, a Javier Menacho Méndez al exfuncionario edilicio Aquior Mendoza Mendoza y al representante del Consorcio ITS Santa, Emilio Rivas Gay.

Para el Ministerio Público, en el 2009 los funcionarios de la comuna provincial se habrían coludido para favorecer al citado consorcio en la adjudicación y licitación de la obra de mejoramiento e instalación de los llamados “semáforos inteligentes” cuya inversión de la obra fue de 8 millones de soles. En este caso existiría una presunta sobrevaluación de más de 3 millones de soles la cual no estaba considerada en el Plan Anual de Inversión del municipio.

La Fiscalía Anticorrupción del Santa solicita 4 años y 10 meses de cárcel para Espinoza y Cortez. En el caso del empresario chileno Emilio Rivas solicitó 4 años y 8 meses de cárcel, mientras que para Aquior Mendoza la pena a considerar fue de 3 años, pero efectiva.

En tanto la Procuraduría Anticorrupción requiere más de 4 millones de soles como pago de reparación civil de forma solidaria; mientras que la Fiscalía planteó como delito alternativo el de Negociación Incompatible en agravio del Estado y por el cual se fija en 5 años de cárcel para los procesados.

(Por. Milton Palpa)