Chimbote en Línea.- Ocho órganos de prueba ofreció el representante de la Fiscalía Anticorrupción del Santa en la audiencia de juicio oral que se sigue contra Victoria Espinoza y Julio Cortez Rojas, a quienes se les acusa de la presunta comisión del delito de colusión, referido al caso de los “semáforos inteligentes”.

El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe manifestó que en la próxima audiencia programada para el 7 de diciembre se escuchará la declaración de 4 testigos entre ellos: Julio Santillán Ruiz, Jesús Sánchez Salgado, Elmer Llontop Virhuez y Carmen Vargas Alcántara.

Esta mañana durante la diligencia se dejó sin efecto la orden de captura del representante del Consorcio ITS Santa, Emilio Rivas Gay, quien esta  vez sí estuvo presente y fue su abogado Carlos García quien negó los cargos contra su patrocinado, aduciendo que en el juicio oral demostrará que la acusación  fiscal es arbitraria y antojadiza.

“En este proceso vamos a demostrar que las imputaciones contra mi patrocinado se basa en suposiciones abstractas. No hay elementos objetivos que señalen que mi patrocinado se coludió con el comité especial de licitación y menos con los miembros titulares de la municipalidad. Vamos a demostrarles que existe un error en la acusación fiscal”, apuntó.

En la audiencia de juicio oral que se ventila en el Segundo Juzgado de la Corte del Santa también se investiga a la gerenta de Obras, Micaela Flores Gómez, a Javier Menacho Méndez y al exfuncionario edilicio Aquior Mendoza Mendoza.

Según la tesis del Ministerio Público, en el 2009 los funcionarios de la comuna se habrían coludido para favorecer al consorcio ITS Santa en la adjudicación y licitación de la obra de mejoramiento e instalación de los llamados “semáforos inteligentes” cuya inversión fue de 8 millones de soles. En este caso existiría una presunta sobrevaluación de más de 3 millones de soles en esta obra, la cual no estaba considerada en el Plan Anual de inversión de la comuna provincial.

La Fiscalía Anticorrupción del Santa solicita 4 años y 10 meses de cárcel para Espinoza y Cortez. En el caso del empresario chileno Emilio Rivas solicitó 4 años y 8 meses de cárcel, mientras que para Aquior Mendoza la pena a considerar fue de 3 años, pero efectiva.

En tanto la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado como pago de reparación civil más de 4 millones de soles de forma solidaria; mientras que la Fiscalía planteó como delito alternativo el de Negociación Incompatible en agravio del Estado y por el cual pidió 5 años de cárcel para los procesados.

(Por. Milton Palpa)