Chimbote en Línea.- La alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Espinoza García quien fue sentenciada a 7 años de pena privativa de la libertad en primera instancia por el delito de enriquecimiento ilícito, rechazó que pretenda huir del país y consideró esto como una persecución política.

“Ratifico una vez más que lo que se ha dado ayer es algo inaudito. Jurídicamente no tiene sustento y no es más que una persecución política de algunos que quieren lavarse la cara con alguien que ha sido y será una luchadora contra la corrupción y que hoy está pagando las consecuencias”, expresó.

Refirió que el titular del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, David Aguilar Ponce evitó que la pena se haga efectiva para el próximo 2 de junio porque sabe de antemano que su fallo no se ajusta a la verdad.

“Yo no me voy a escapar y estaré presente en la audiencia que será apelada, porque considero como una aberración jurídica. Soy inocente y puedo mirar a la cara a todos ustedes (prensa) y a la ciudadanía, no tengo nada de qué avergonzarme y solo exijo justicia con imparcialidad”, subrayó.

La burgomaestre reiteró que en este proceso no se pudo determinar el millón 28 mil 703 nuevos soles de desbalance patrimonial que se le acusa y que fue ratificado por peritos de la Fiscalía de la Nación, donde se adujo que tenía saldos a su favor.

Espinoza García exhortó a la población no sentir preocupación por la posible inestabilidad que se podría vivir en la provincia, ya que aún la justicia no ha determinado su condena final.

“Esto no va a perjudicar para nada la buena marcha de la institución, además la municipalidad no depende de una sola persona, sino de todo un grupo de profesionales con quienes seguiremos trabajando para recuperar la ciudad. Confiamos en Dios y en la justicia, nada está dicho todavía”, sostuvo.

La autoridad edil reiteró que sus empresas que formaron junto a su pareja Wilmer Agapito, quien fue también sentenciado, fueron fundadas hace más de 20 años cuando ella no era funcionaria pública y menos autoridad política.

“Han sido casi 6 años de investigación que para mí fue una tortura que afectó no solo a mí, sino a mi familia”, finalizó.

(Texto y foto: Milton Palpa)