Chimbote en Línea.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, destacó hoy ante el Congreso que el Gobierno dispuso la transferencia de 3.000 millones de soles para la implementación o ampliaciones de penales, con equipos, sistema de inteligencia artificial y tecnología.
Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, refirió que se tomó esta decisión en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
Respecto a los avances en materia penitenciaria, Arana informó además que se ha diseñado conjuntamente con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) una nueva visión de la política penitenciaria que implica desarrollar un trabajo de evaluación para afrontar los problemas penitenciarios.
Destacó, igualmente, la publicación de la norma que dispone que los operadores de telefonía tengan que regular el espectro para que no ingrese esta señal en los penales.
“La política desarrollada con el Inpe y con la concesionaria del servicio telefónico nos va a asegurar que en los penales no se va a recibir llamadas de ningún tipo”, indicó.
En cuanto a la resocialización del interno remarcó la política de cero analfabetismo en los penales, el impulso a Cárceles Productivas; así como la educación de los internos, lo que permite que puedan tener un título a nombre de la Nación del Ministerio de Educación.
Defensa Pública
Entre otros avances de su sector, Arana dijo que en materia de Defensa Pública se logró una ampliación en las atenciones gratuitas, en un millón 300.000 personas, de las cuales el 80 % corresponde a mujeres.
Asimismo, el ministro de Justicia señaló que a través de la Sunarp se han desarrollado varios programas de acercamiento a la ciudadanía, implementándose nuevas agencias, se ha dispuesto una plataforma virtual y se están realizando campañas a escala nacional a través de “Sunarp en tu pueblo”.
En materia internacional, Arana refirió que se han incorporado al Paccto, el programa internacional de la Unidad Europea para la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, y que se ha puesto más énfasis en la presencia de Perú en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Fuente: Andina)
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