La fiscalía consideró que esta propuesta es considerada como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otras formas de criminalidad.

 

“La propuesta legislativa colisiona con el orden constitucional y la política criminal que, desde el Estado, se ha venido siguiendo en la lucha contra la adquisición de bienes y fortunas producto de actividades ilícitas reprochables por el ordenamiento jurídico peruano”, indica el pronunciamiento. 

 

En tal sentido, el Ministerio Público rechaza dicha propuesta legislativa, en tanto que, desde la dación del Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio, desde el año 2019 hasta octubre de 2024, el subsistema de extinción de dominio ha evidenciado su efectividad en la recuperación de bienes y activos vinculados a las actividades ilícitas.

 

Entre estas actividades están el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, minería ilegal, trata de personas, organización criminal, corrupción de funcionarios y otros; logrando 1419 sentencias fundadas; lo que ha implicado la recuperación de 551 millones de soles, a favor del Estado y en beneficio de la sociedad; convirtiéndose así el Perú en un referente de la región.

 

“Rechazamos dicho proyecto, porque afecta la autonomía e independencia del proceso de extinción de dominio, condicionando y limitando el inicio de la investigación patrimonial a una sentencia penal firme o consentida, cuya consecuencia no solo sería la devolución de los bienes y activos ilícitos a las organizaciones criminales, sino que estos permanezcan e ingresen al mercado ilícito, robusteciendo el capital de la criminalidad; permitiendo que se archiven más de 5592 carpetas fiscales que se encuentran en giro, en las fiscalías especializadas en Extinción de Dominio, a nivel nacional,”, indican.

 

Recalcan que, con su aprobación, el Estado peruano estaría retrocediendo en la lucha firme y tenaz contra las ganancias, efectos, objetos e instrumentos de las organizaciones criminales y transnacionales; restituyendo a la figura de pérdida de dominio o comiso penal, figuras ya superadas, al no haber obtenido resultados positivos en la lucha contra la criminalidad respecto de esos activos, ocasionando un detrimento para el país.

 

“Exhortamos a los representantes de todas las bancadas del Parlamento para que hagan tangibles y efectivos sus compromisos con la ciudadanía y la comunidad internacional, apartándose de las nefastas consecuencias que se pueden originar con la aprobación final del referido proyecto”, recalca el pronunciamiento. (Fuente: Andina)