El martes último cuatro trabajadores de empresas contratistas vinculadas con la minera Marsa estuvieron a punto de perder la vida por la incursión de unos diez criminales que ingresaron a la bocamina denominada “Española”, ubicada en la comunidad campesina de Llacuabamba, en Pataz.

El primer ministro indicó que la zona se encuentra en estado de emergencia y permanecerá así hasta que se restablezca completamente el orden interno. Además, indicó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de extender el estado de emergencia a la provincia de Virú y otras provincias afectadas por el crimen organizado.

Gustavo Adrianzén detalló que en la zona, hay tres grandes mineras formales operando (Poderosa, Marsa y Horizonte) y poseen concesiones. Aseguró que la Policía Nacional, con el apoyo de la Dinoes y las Fuerzas Armadas, está desplegada de manera permanente en la región. “Considerando la vasta extensión territorial que cubren estas mineras, los delincuentes pueden aprovechar la noche para cometer actos vandálicos en cualquier lugar de las alturas”, dijo.

Reconoció la falta de recursos logísticos y humanos de la Policía Nacional para cubrir una extensión territorial tan vasta y refirió que hay grandes volúmenes de dinero implicados en la explotación ilegal, considerando que el precio de la onza de oro es de $ 2370. “Los mineros ilegales no pagan impuestos, contaminan, no rinden cuentas a nadie y operan al margen de la ley y el orden. Para estos delincuentes, es un negocio redondo”, sostuvo.(Fuente diario Correo)