Chimbote en Línea.- El Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), suscribieron un importante convenio que impedirá obtener la licencia para el uso de armas de fuego a toda persona con antecedentes penales históricos.

Este convenio permitirá un control más riguroso de los usuarios de armas de fuego, evitando que lleguen a manos de personas que pueden representar un peligro para la sociedad, situación que repercutirá a favor de la seguridad ciudadana.

En marco de este acuerdo,  se implementará la Ley N° 30299, Ley de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, el cual  establece como requisito para obtener una licencia no contar con antecedentes penales históricos.

Así también, la Sucamec podrá acceder al registro de personas condenadas por todo tipo de delitos, incluyendo crímenes y feminicidio, y revisar los antecedentes penales históricos de actuales usuarios de armas y de nuevos solicitantes de licencias. Si detecta que personas con antecedentes penales históricos poseen armas, cancelará sus licencias. De igual manera, denegará las solicitudes de licencias de personas con antecedentes penales históricos.

En este sentido, el Poder Judicial pondrá a disposición de la Sucamec las 900 mil condenas que tiene registrada desde 1980 hasta la fecha para que consulte los antecedentes penales históricos de los actuales usuarios de armas (250,000 aproximadamente) y de los nuevos solicitantes de licencias. 

Este importante acuerdo fue suscrito hoy por el presidente de dicho poder del Estado, Víctor Ticona Postigo, y el superintendente de Sucamec, Derik Latorre Boza, en la Sala de Embajadores del Palacio de Justicia, con presencia del consejero Eric Escalante Cárdenas.

Cabe mencionar que actualmente los antecedentes penales se eliminan una vez cumplida la condena, pero para los efectos de la nueva ley no perderán vigencia, aun cuando se haya cumplido la condena o se haya emitido una resolución de rehabilitación de la persona. (Con información de Poder Judicial)