Chimbote en Línea (Anticorrupción).- Una investigación preliminar al Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, sobre presuntas irregularidades en el apartamiento de sus cargos de un grupo de fiscales en Áncash,  camina a paso de tortuga en el organismo competente, el  Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los fiscales investigaban al presidente regional César Álvarez. La hipótesis que subyace en la investigación es que Álvarez está protegido por la cúpula del Ministerio Público.

El CNM investiga por lo menos ocho remociones, a partir de una denuncia del congresista Modesto Julca. En Áncash decenas de denuncias por supuestos actos de corrupción han sido archivadas por el Ministerio Público. Buena parte de ellas se refiere a adquisiciones públicas, algunas realizadas por la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE).

−Casi todo lo que se investiga se archiva –dijo un fiscal del departamento, confidencialmente−. Hay como cincuenta casos que están muertos o dormidos.

La Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, a cargo del voceado próximo Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, no ha prestado atención a los archivamientos masivos. Más bien mostró un celo extremo contra fiscales que investigan al presidente regional César Álvarez. En adelante, siete casos de muestra.

CHOCANDO CON CHOCANO

Un cambio significativo fue el del fiscal adjunto provincial penal Luis Checa Matos, actualmente objeto de un pedido de destitución por parte del jefe de Control Interno, Carlos Ramos. Antes, en 2012, Checa mereció una suspensión decretada por Ramos y anulada por la Junta de Fiscales Supremos. Aunque el motivo inmediato del castigo fue haber dado una alerta que derivó en la inspección de una camioneta en que viajaba el presidente regional –se sospechaba que llevaba dinero para pagar ilícitamente a prosélitos−, en su informe Ramos menciona como antecedentes las continuas denuncias que Checa hacía a la autoridad. Esto es, su celo investigador.

Ahora Checa ya no está en funciones anticorrupción y Ramos ha vuelto a la carga con un pedido a la Junta de Fiscales Supremos para despedirlo. (Su caso merecerá una nota especial en El Informante). No fue el único perseguido. Otros colegas suyos ya no están en el Ministerio Público, aparentemente por los mismos motivos.

En 2012, Carmen Berrocal Gonzales era fiscal provincial provisional en Nuevo Chimbote. Le tocó investigar el asesinato del fiscal de Casma, Luis Sánchez Colona, muerto a tiros el mismo año. Uno de los sospechosos era, y es, Jack Castillo, prominente contratista del gobierno regional.

Berrocal empezó a investigar los contratos entre Castillo y la administración Álvarez. Fue despedida luego de una audiencia judicial en la que pidió y obtuvo la orden de detención del presunto autor intelectual. Cuando supo de su destitución, Berrocal no se calló, y declaró a la prensa de Chimbote:

−Es por chocar con el gobierno regional y las licitaciones de Jack Castillo.

Un fiscal provisional es un cargo de confianza del Fiscal de la Nación. No lo amparan mecanismos de remoción como un fiscal titular. Su estabilidad depende del criterio, acertado o no, del Fiscal de la Nación. Un provisional despedido no tiene cómo reclamar.

CORAZONES PARTIDOS

El 11 de diciembre del 2012, el Fiscal de la Nación dio por concluido el destaque de Nancy Moreno en la Fiscalía Anticorrupción del Santa, donde, ante el cúmulo de denuncias,   le había puesto la lupa al gobierno regional. Por entonces, desconocidos amenazaban abiertamente a los fiscales no  domesticados, ante el silencio del jefe de todos ellos, Hugo Farro. Moreno sacó la cara para defenderlos públicamente.

Peláez la regresó a su fiscalía de origen en Huaraz, donde era titular. Desde luego, esta decisión es formalmente irreprochable, y podría no despertar sospechas en otras circunstancias. Cuando la cambiaron, hubo marchas de protesta en Chimbote. En abril del 2013, Moreno regresó nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura a la Fiscalía Superior Anticorrupción del Santa, de donde la habían retirado. Su nombramiento fue un parto de los montes en el CNM.

Cuando el CNM evaluaba a Moreno para nombrarla en el Santa, inicialmente se produjo una votación aprobatoria. Pero luego el consejero Gastón Soto Vallenas, uno de los que votó a favor, pidió reconsiderar, sin éxito, la votación. El proceso de nombramiento de Moreno movilizó tanto a los allegados a Álvarez, cuanto a quienes apoyaban a los fiscales anticorrupción.

Desde ambas orillas hubo manifestaciones de repudio y apoyo. El CNM también tiene el corazón partido, pues hay por lo menos dos consejeros allegados a Álvarez. El estudio jurídico de uno de ellos, Vladimir Paz de la Barra, lo ha representado legalmente. La consejera Luz Marina Guzmán postuló con Álvarez al Congreso en la lista del Frente Independiente Moralizador en el año 2000. Son dos de cinco. Un tercero, Máximo Herrera, delegado del Ministerio Público, representa para todo efecto la línea oficial de esta entidad, puesta en tela de juicio por la investigación.

CUATRO CABEZAS

En junio del 2011, Juan Calderón, ex aliado político de César Álvarez, reveló la existencia de un centro de operaciones ilícitas del presidente regional. Mencionó que se recibían interceptaciones telefónicas y se pagaban sobornos. De inmediato el fiscal provincial anticorrupción, Javier Estrada, notificó en su domicilio a Calderón para tomarle declaraciones en regla. Después de dos manifestaciones de Calderón, y ante la evidencia de que había que atar muchos cabos, el fiscal coordinador César Jiménez tomó la carpeta. Dos semanas después, un juez autorizó el allanamiento.

En el minuto en que Jiménez y su gente se disponían a proceder, lo llamó el fiscal decano Hugo Farro, pidiéndole apersonarse en su despacho. Jiménez tuvo el bueno tino –malo para su futuro como fiscal− de indicarle a su colega Javier Estrada que continuara con la diligencia. Estrada allanó, pues, el inmueble, mientras Jiménez iba a reunirse con Farro en su oficina. Estaban allí el presidente regional César Álvarez y los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. Ellos protestaban por el allanamiento, aduciendo que era una venganza de Calderón.

Jiménez no se dejó presionar. Al final de esta reunión, de acuerdo con su manifestación ante la fiscal anticorrupción Yeni Vilcatoma, hecha el 17 de octubre del 2012, ocurrió lo siguiente: “Incluso al terminar la entrevista con los congresistas y el presidente regional César Álvarez, el doctor Hugo Dante Farro Murillo, en su condición de presidente de la Junta de Fiscales del Santa, me dijo en tono de advertencia que tuviera cuidado en la realización de la diligencia de allanamiento, ya que el señor César Álvarez tenía mucha influencia y mucho poder con dos fiscales supremos en el Ministerio Público”.

El allanamiento encontró un chip que ha desaparecido, pero no las evidencias que Calderón denunció. El congresista Benítez y Álvarez promovieron públicamente la queja contra los fiscales que intervinieron, cuatro de los cuales fueron destituidos: los ya mencionados Estrada y Jiménez, además de Miguel Ángel Vilca y Christian Aceijas. Como eran provisionales, el Fiscal de la Nación podía despedirlos sin explicación, pero de todos modos pidieron una entrevista con él. Estuvieron dos días en los pasillos del Ministerio Público sin ser recibidos. El segundo día vieron salir del despacho a César Álvarez y a Heriberto Benítez. “Lo comprobamos in situ”, declaró el ex fiscal Estrada. Más tarde, intentando una rehabilitación, Estrada logró entrevistarse con el jefe de Control Interno, Carlos Ramos. Ramos, de acuerdo con Estrada, se quedó dormido durante la entrevista.

−Yo lo desperté, diciéndole que se estaba quedando dormido. Me dijo que era insolente, pero yo le dije que no, que yo no me estaba quedando dormido.

Investigación realizada por larepublica.pe

Fotos: Archivo Chimbotenlinea.com

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