(Andina) Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó el periodo de violencia terrorista entre 1980 y 2000 en Perú, no han sido cumplidas en su mayoría por los dos últimos gobiernos, afirmó hoy quien fuera su presidente Salomón Lerner Febres. A ocho años de la presentación del informe final, que se cumplen el domingo 28, advirtió que es poco lo avanzado en el reconocimiento y la reparación a las víctimas de la subversión y en las reformas políticas necesarias para que esto no se repita.

“Las conclusiones y recomendaciones no han sido mayormente atendidas, tenemos que desarrollar una política muy transparente de la memoria, de la inmensa desgracia que sufrieron muchos peruanos, por causa de una violencia que empezaron grupos subversivos, que a veces tuvo una respuesta insatisfactoria del Estado”, dijo a la Agencia Andina.

Perú vivió en las décadas de los ochenta y noventa un periodo de violencia iniciado por el terrorismo, que dejó miles de víctimas, entre campesinos, estudiantes, policías y militares; además de ingentes pérdidas económicas para el país.

Según la CVR, desactivada tras la presentación de su informe, alrededor de 70,000 personas, en su mayoría campesinos, murieron entre 1980 y 2000 debido, principalmente, a la violencia de los grupos terroristas.

Lerner Febres indicó que si bien en torno a las reparaciones a las víctimas de la violencia hubo un impulso en el gobierno anterior, con la creación de un registro de víctimas y el inicio de un programa de reparaciones, ello fue insuficiente.

Refirió que ahora es necesario avanzar en una política de reparación integral, que reconozca a quienes padecieron la violencia en su condición de víctimas, y que ello vaya acompañado por una reparación individual.

“Es necesario reconocerlas de una vez, en su condición de víctimas, que fueron afectadas y que necesitan una reparación simbólica, moral, pero también material”, afirmó.

Sostuvo que el informe de la CVR sólo fue cuestionado en su momento por algunos sectores del fujimorismo y del aprismo –por las responsabilidades de sus pasados gobiernos en ese periodo de violencia–; pero la mayoría de peruanos lo aceptó como un documento válido de testimonio y reflexión, según las encuestas de ese entonces.

Abogó por desarrollar una política educativa para que los jóvenes en las escuelas sepan y saquen sus conclusiones de lo que significó este penoso periodo de la historia del país.

Consideró que sería conveniente que esta política se ponga a cargo de educadores capacitados, alejados de cualquier tendencia política partidaria.